FANECA

De nuevo contra el borrador de Estatuto del PDI

2011-07-10T19:15:00.000+02:00

Seguimos en la pelea contra la universidad burocratizada y decadente. El pasado sábado aparecieron en El País la noticia y un nuevo manifiesto.
Pueden verlos aquí y aquí.

Índice del nº 27 de Faneca

2011-06-20T09:55:00.002+02:00

- Notas sobre el borrador de Estatuto del PDI. Por Francisco Javier Álvarez García y Jacobo Dopico Gómez-Aller.

- Cambio libros por ladrillos. Por Santiago Álvarez González.

- Un prólogo con miga. De Carlos Martínez-Buján.

- Calidad en la universidad. Dos conversaciones verosímiles. Por Juan A. García Amado.

- Reflexiones sobre la dedicación del profesorado en el proyectado Estatuto del PDI. Por Germán Orón Moratal.

Notas sobre el borrador de Estatuto del PDI. Por Francisco Javier Álvarez García* y Jacobo Dopico Gómez-Aller**

2011-06-19T23:31:00.001+02:00

ÍNDICE

1. DISPOSICIONES ABIERTAMENTE ILEGALES POR CONTRADICCIÓN CON NORMATIVA DE RANGO SUPERIOR

1.1. Ilegalidad de la negociación colectiva de los criterios y procedimientos de promoción profesional, evaluación de la actividad investigadora y acceso al cuerpo de catedráticos

1.2. Participación de profesores funcionarios como profesores de universidades privadas

2. PROMOCIÓN DE LA MEDIOCRIDAD

2.1. La ANTIGÜEDAD como mérito académico

2.2. La obligación de VENTAJA AL CANDIDATO DE LA CASA en las oposiciones a titular cuando éste es laboral indefinido

3. DEVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Falsificación del concepto de investigación

3.2. Transferencia de conocimientos

4. CATEGORÍAS

5. BAREMO Y EFECTOS PERVERSOS

5.1. La opción por los “indicios de prueba” antes que por la prueba

5.2. Los efectos perversos de la implantación de algunos criterios

5.4. Infravaloración de la investigación

5.5. La falsa valoración de la docencia y la gestión

5.6. Una reforma fundamental para la reducción de daños

6. QUIÉN Y CÓMO EVALÚA

7. FORMACIÓN CONTINUADA

8. LA DIVERSIFICACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTE E INVESTIGADORAS

9. OMNIPRESENCIA DE LOS SINDICATOS Y EXCESOS EN SUS COMPETENCIAS

10. GRAVES DEFECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA

1. DISPOSICIONES ABIERTAMENTE ILEGALES POR CONTRADICCIÓN CON NORMATIVA DE RANTO SUPERIOR.

1.1. Ilegalidad de la negociación colectiva de los criterios y procedimientos de promoción profesional, evaluación de la actividad investigadora y acceso al cuerpo de catedráticos.

De modo tajante, el artículo 37.2 del Estatuto Básico del Empleado Público establece:

Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: (...)

e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, CRITERIOS, órganos Y PROCEDIMIENTOS DE acceso al empleo público y la PROMOCIÓN PROFESIONAL.

El artículo 17.15 del Borrador del Estatuto PDI contradice palmariamente el art. 37.2 EBEP al pretender someter a negociación colectiva:

- los criterios de evaluación que se aplicarán en la evaluación académica global. La objeción de ilegalidad no puede ser soslayada introduciendo una finalidad específica (“para establecer los grados de progresión”): el art. 37.2 del EBEP es tajante y no admite excepciones en este punto.

- los procedimientos para su evaluación (pues son "procedimientos de promoción profesional").

Además, el acceso por primera vez a una plaza de Catedrático en una concreta Universidad supone también el acceso al Cuerpo de Catedráticos (no es la acreditación, sino la obtención de la primera plaza la que da entrada al Cuerpo). Pretender que los representantes sindicales negocien los criterios de evaluación para acceder al cuerpo de catedráticos sólo puede ser fruto de una pesadilla institucional.

Esto no es una cuestión de derechos laborales, sino de gestión de la excelencia académica.

a. Los criterios de evaluación académica y acceso al cuerpo de Catedráticos no pueden ser sometidos a los intereses laborales de los evaluados. Se trata de una MEDIDA BÁSICA ANTICORRUPCIÓN, como cualquier experto en gestión puede explicar.

b. Los criterios de evaluación académica no pueden ser “negociados” más que con los expertos evaluadores académicos.

¿Por qué no negociar los baremos ANECA con los sindicatos? ¿O los criterios para la valoración de la producción científica en las oposiciones? Los criterios de gestión y mejora de este servicio público corresponden a la dirección técnica y política, no a los sindicatos.

1.2. Participación de profesores funcionarios como profesores de universidades privadas.

Artículo 30.2 del Estatuto en relación con el artículo 72.3 de la LO).

2. PROMOCIÓN DE LA MEDIOCRIDAD.

2.1. La ANTIGÜEDAD como mérito académico.

Contra lo dicho por la CRUE, Reales Academias y distintos manifiestos, el Ministerio decide seguir incluyendo la antigüedad como mérito académico. Y ya no puede entenderse como un error.

Es intolerable la inclusión de antiméritos entre los criterios de evaluación. Sólo el más mediocre de los mediocres puede pretender que la antigüedad, el mero transcurso del tiempo, deba ser valorado como mérito académico. ¿Por qué no el sexo, la edad o el lugar de origen?

De hecho, si hubiese que otorgarle alguna valoración al transcurso del tiempo, debería ser la contraria, como ocurre en el llamado “sexenio relativo” (si hay más tiempo del debido para la obtención de unos méritos, se valoran menos). Si dos candidatos tuviesen exactamente los mismos méritos, pero uno los hubiese obtenido en el doble de tiempo, el mayor lapso de tiempo debería ser precisamente un demérito. El transcurso del tiempo SIN mérito es FALTA DE DESEMPEÑO, por absentismo o por incompetencia.

El argumento de que “ya se verá cuánto se valora ese mérito, si mucho o poco” es vergonzoso. Consiste en admitir que se introduce un criterio-basura, pero se pretende relativizar la intensidad de este humillante trágala (para la Universidad y para la propia Dirección General) con el peregrino argumento de que se ha remitido a la futura Orden Ministerial su concreta valoración, que puede ser mucha o poca (en cualquier caso, se impone que sea alguna). Si el Ministerio no tiene valor para rechazar su propia humillación en el Borrador de Estatuto PDI... ¿va a tenerlo para minimizarla humillación en la Orden Ministerial?

Por otra parte, y de modo aberrante, la antigüedad se computa de dos maneras, pues donde se dice que se evalúa la docencia de los profesores, en realidad los indicadores más relevantes sólo constatan la antigüedad docente.

Esa antigüedad, medida en trienios o quinquenios docentes, únicamente debe tener relevancia salarial (a no ser que, en relación con los quinquenios docentes, logre encontrarse un método seguro, objetivo –más allá de encuestas bobaliconas- capaz de medir la calidad de un docente; pero como semejante método no existe, las Universidades, en su conjunto, se limitan a reconocer los quinquenios por el mero transcurso de un determinado tiempo impartiendo docencia). Lo contrario conduce a una escala funcionarial de meros “resistentes”, y absolutamente empobrecida desde el punto de vista intelectual.

2.2. La obligación de VENTAJA AL CANDIDATO DE LA CASA en las oposiciones a titular cuando éste es laboral indefinido.

Asimismo, es aberrante la regulación del “paso semiautomático” de Contratado Doctor a Titular, incluyendo la valoración como mérito académico de los “servicios prestados”.

15.5. Las universidades, en el uso de su autonomía en la gestión de sus plantillas podrán establecer los procedimientos selectivos previstos en la disposición transitoria segunda del Estatuto Básico del Empleado Público para que los profesores con contrato laboral indefinido con acreditación para profesor titular de universidad puedan adquirir la condición de funcionario. A estos efectos, se valorarán como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición. La antigüedad, los méritos de investigación, docencia y gestión logrados a lo largo de la duración del contrato laboral serán reconocidos de manera automática.

Se trata de una consagración oficial de la endogamia y del “CALIENTASILLISMO”. Argumentar esto en una oposición a una Titularidad sería una prevaricación, un acto de suprema corrupción, pues supone explicitar que se debe preferir al candidato de la casa. ¿Por qué los demás candidatos no tienen reconocimiento automático de SUS méritos y valoración de SUS “servicios prestados” a la Universidad? ¿Por qué pesan los “servicios prestados” a UNA Universidad y no a las demás? Razón: porque se trata de proteger al candidato de la casa. Cualquier otra explicación ofende a la razón de quien la da y de quien la recibe.

También aquí se intenta afirmar que es un “supuesto marginal”. Es decir: es un criterio basura, pero se da en pocos supuestos (lo cual es intolerable: el Ministerio no puede admitir criterios-basura para ocupar plazas de funcionario académico).

Pero es que, además, es falso. No se trata de un supuesto marginal. La introducción de las figuras de Profesor Contratado Doctor o Professor Agregat ha hecho que la carrera académica más usual, antes del acceso a un puesto de funcionario, tenga una escala en una figura de contratado laboral fijo.

Así, pues, lo que se nos dice es falso: el acceso más normal al puesto de Profesor Titular tendrá lugar precisamente desde un puesto de contratado laboral fijo. Y este acceso a los Cuerpos Docentes se ha PERVERTIDO, al otorgar más méritos al “candidato de la casa” frente a otros.

Por otra parte, es ridículo afirmar que las Universidades podrán hacer algo en ejercicio de la Autonomía Universitaria... y acto seguido , imponerles este vergonzante trágala (“A estos efectos, se valorarán... serán reconocidos”).

La realidad: se ha querido introducir un paso de Contratado Doctor a Titular con ventaja del candidato “de la casa” frente a los candidatos de otras procedencias (sean contratados doctores, titulares, ayudantes, etc.). Para ello, se apela a la “Autonomía Universitaria” de cada Universidad (que NO puede establecer los criterios para acceder a los Cuerpos Docentes contra lo dispuesto en las leyes, favoreciendo al candidato de la casa: recuérdese que pasar de Contratado Doctor a Titular supone ACCEDER AL CUERPO DE TITULARES).

3. DEVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Falsificación del concepto de investigación.

Todo el empeño de los autores del Proyecto de Estatuto se dirige a la comisión de un enorme fraude de etiquetas: denominar también “investigación” a lo que no es más que burocracia, y ello, sin duda, con el objeto de poder catalogar como “investigadores” a quienes no lo son, no lo han sido nunca y, por sus tendencias, no lo serán jamás, pero que, sin embargo, se han integrado siempre como burócratas de plantilla o insertados en “mesas sectoriales” u otros conciliábulos parecidos.

Así, terminan denominando “investigación” a actividades como las siguientes: participación en procesos de evaluación, asesoramiento a actividades académicas, participación en comités de revistas y en los de reuniones científicas y académicas [art. 10.2 b)]. O dicho de otra forma: tareas meramente burocráticas, necesarias pero burocráticas. Es sólo un ejemplo, pero si se lee atentamente el artículo 10.2 b) del Proyecto será fácil percatarse que se denominan “investigación” todas las actividades que desarrollan diferentes jerarcas (“diseño, coordinación y planificación de programas de investigación autonómicos, estatales…,”) y sus lebreles (“implantación de planes de calidad y protocolos de buenas prácticas…participación en comités de ética en la investigación”). Naturalmente que también hay que denominar “investigación” la participación en congresos (especialmente si es en la organización) así como las actividades de divulgación en Institutos de Enseñanza Media y jardines de infancia [artículo 10.2 c)]; labores que, como es habitual, realizarán los investigadores más capaces.

Dicho de otra forma, con esta normativa toda una serie de meros burócratas se han asegurado una calificación de investigadores de primera, pero sin investigar: se trata de ver lo visible en lo invisible (la esencia, pues, de dios).

Conclusión: La participación del Profesorado en actividades, que son ya no necesarias sino imprescindibles, de gestión en sentido amplio, no debe en ningún caso servir para la promoción como Profesor Universitario. Esa participación debe pagarse, en dinero, en disminución de exigencias docentes o con otras prebendas, pero no con el otorgamiento de cátedras universitarias. La concesión de cátedras por méritos de gestión supone una absoluta renuncia a la esencia del trabajo universitario, y se pagará en un futuro próximo con una disminución alarmante de la calidad de los Profesores (que ya se empieza a experimentar gracias al sistema de acreditación).

Por otra parte, en las mencionadas listas de tareas, funciones o actividades investigadoras, se cuela al principio el contenido esencial (ej. art. 10: Investigación es... el diseño, dirección y ejecución de trabajos investigación. ¿De verdad tiene que hacer esto el Estatuto?) y luego se añade un conjunto de actividades burocráticas que no tienen la misma relevancia (ej. gestión de la investigación; por cierto, doble o triplemente valorada).

La gestión académica acaba teniendo más atención que la docencia y la investigación. De hecho, cuenta como “actividad de investigación” (art. 10.2.b) y como capítulo propio (art. 12).

3.2. Transferencia de conocimientos.

EN EL BAREMO LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DEBE REMITIRSE AL CRITERIO RESIDUAL “OTROS MÉRITOS Y COMPROMISOS CON LA CALIDAD”.

La miopía, unida a la ignorancia, sigue diseñando modelos en los que la consigna es la de “café para todos”. Desde luego nunca se ha tenido claro qué es eso de “transferencia de conocimientos”, es decir: paso de sabidurías pergeñadas en la Universidad a otros sectores; y además: los modelos que se nos van suministrando se caracterizan por ser tan tozudos como sus autores, por lo que aunque un camino se muestre erróneo e, incluso, altamente nocivo, ello no impedirá que los responsables de sus diseños se empeñen en seguir transitándolo, a veces por veredas ignotas y que conducen a ninguna parte. Naturalmente que en esta política nunca tendrá un puesto el estudio de los efectos pervertidores del sistema implantado (por ejemplo, lo que está sucediendo con las acreditaciones de la ANECA, que entre sus efectos perversos ha provocado un crecimiento exponencial de los “puestos de gestión”).

En concreto, y tomando como referencia los estudios de Derecho, se declara propiedad intelectual transferible la participación en la elaboración de normas, estándares, dictámenes, que den lugar a nueva legislación o jurisprudencia. Esto significará que los becarios (y en no pocas ocasiones, los aficionados) que reclutan los Ministerios entre sus fieles para que hagan trabajo –no pocas veces esclavo- en los diferentes Departamentos, y a quienes temerariamente –y con resultados nefastos- se les encarga la elaboración de cuerpos legislativos enteros, esos becarios serán los mayores transferidores de investigación. Sin embargo, los investigadores a quienes los becarios copiaron y que fueron los que diseñaron los principios de los que éstos se sirvieron para elaborar sus propuestas (los que hicieron la investigación básica), dejarán la casilla de “transferencia” en blanco a la hora de rellenar la solicitud que ese día toque.

Naturalmente los burócratas tienen su lugar privilegiado, también, en este Capítulo, y así se entenderá que participan en transferencia efectiva de conocimientos, cuando lo hagan, según reza el artículo 11.2 c), en las “actividades de las oficinas de transferencia de resultados de investigación” (vulgo, en la gestión de “las OTRI” de las Universidades).

En el colmo, la TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN AJENOS se incluye como posible mérito académico. Debe ser excluida de toda posible valoración como mérito o capacidad.

4. CATEGORÍAS

1) El fin de las categorías para volver a restablecerlas. La decisión de que todo profesor universitario tiene derecho a ser catedrático o titular, ha llevado a una inflación en estas categorías y a que sean alcanzadas por numerosísimas personas, en base a criterios meramente formales, que ha acabado, para mal de la Universidad, con las diferencias académicas: ya todos somos catedráticos (no existe derecho a ganar la Liga. Existe el derecho a la igualdad de oportunidades). Pues bien, en este Estatuto se trata, de alguna manera, de volver a introducir lo que se había arrumbado: las diferencias; y eso se intenta alcanzar con las divisiones “horizontales”. Divisiones burocratizadas.

Por cierto: hablar de un “derecho a la progresión profesional” (artículo 15.1 del Estatuto) es una barbaridad: no hay un “derecho” a ganar la Liga de Futbol (excepto en el caso del Barcelona, FC, pero eso es excepcional y por derecho natural)

2) La superposición de categorías y la profundización en un modelo burocratizado. Se había alcanzado un cierto consenso acerca del valor de los tramos de investigación, y a la posesión de los mismos se les había reconocido cierta jerarquía. Con el Estatuto se arrumba ese sistema (ligado exclusivamente a méritos de investigación) para equipararlo a “progresión en la carrera horizontal”, de forma tal que tres grados en esa “carrera” equivaldrá a tres tramos de investigación (artículo 16.9 del Estatuto). Obviamente de esa forma se persigue que personas que carecen de un mínimo de méritos de investigación puedan participar en comisiones de acreditación (véase la modificación que se introduce por la Disposición Final Tercera. Dos del Estatuto, en el artículo 6.1 del RD 1312/2007, de 5 de octubre, sobre acreditación del profesorado universitario); con lo cual nos volveremos a encontrar con que quienes carecen de méritos investigadores según la CNEAI terminen evaluando la investigación de los que pretenden la acreditación para los cuerpos universitarios (artículo 16.13 del Estatuto); es decir: se consagra nuevamente la teoría de que hay que abrir “por detrás” una puerta que permita “colarse en la mansión” a quienes no cumplen con los requisitos. Obviamente esto sólo favorece a los más torpes, y degrada aún más la Universidad.

La misma intencionalidad persigue la inclusión en el referido RD de una Disposición Adicional Sexta con la que, para ser acreditado como catedrático, se sustituye el procedimiento de acreditación por la ANECA, por la progresión horizontal como titular (Disposición Final Tercera.Tres del Estatuto). Por ello, y como se indica en el artículo 16.9 del Estatuto: “Los profesores titulares de universidad que obtengan el tercer grado de progresión en su carrera horizontal académica y superen el baremo previsto en el anexo verán reconocida automáticamente la acreditación como catedrático de universidad, con los mismos efectos previstos en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios”.

Es decir: se trata de un sistema concebido para “que aprueben todos”, y establecer un igualitarismo que sólo perjudicará a la Universidad que se convertirá en una eficaz fábrica de jumentos (revisar grabados de Goya).

5. BAREMO Y EFECTOS PERVERSOS

5.1. La opción por los “indicios de prueba” antes que por la prueba.

La participación en congresos, seminarios, cursos, etc., pueden servir para valorar el curriculum de los estudiantes o de los jóvenes ayudantes, porque todo ello pone de manifiesto –generalmente aunque no siempre- su inquietud por aprender, su curiosidad. Pero para los investigadores adultos el baremo ha de ser necesariamente el resultado de “esa curiosidad”, y no otra cosa; es decir: las publicaciones, las patentes, los modelos de utilidad. ¿De qué vale haber asistido a doscientos congresos o ser beneficiado con otros tantos I+D, incluso como IP, si no hay investigación como resultado de lo mismo?

La preeminencia de esos “indicios de prueba” sobre la prueba ha provocado que el ayudante más joven tenga un curriculum muy voluminoso…de nada (generalmente compuesto por una enorme cantidad de certificaciones que adveran su asistencia a congresos o a inútiles cursillos de pedagogía “de ferrocarril”).

5.2. Los efectos perversos de la implantación de algunos criterios.

La toma en consideración por la ANECA de todo tipo de cargos y carguillos de gestión, ha provocado una enorme inflación de éstos; en este momento entre los profesores jóvenes hay dentelladas para que: 1) Se invente un cargo para él; 2) Se le nombre para el citado cargo.

De la misma forma se ha producido una inflación de publicaciones, muchas de las cuales no sirven absolutamente para nada. En este caso la máxima de “café para todos” ha llevado a especialidades, como el Derecho pero no sólo, a ser medido con unos parámetros que no se ajustan en absoluto a sus características, lo que ha causado como resultado una absoluta perversión en las publicaciones.

No puede dejarse de mencionar cómo en el Estatuto se ha asegurado un lugar propio para la burocratización mediante un “efecto bloqueo”. En efecto, no sólo es que valoren para acceder a la cátedra cuestiones como ser subdirector de departamento, enlace sindical o vicedecano de página web: es que para más inri se le otorga a estas tareas un “cupo bloqueado” en el baremo. Esto es ridículo incluso para quien sostenga que deben valorarse aquí los méritos de gestión, representación, etc. El problema añadido, y este es de legalidad, es que al reservarse para cuestiones absolutamente ajenas a la docencia e investigación un porcentaje tan importante de puntuación, pone en cuestión la caracterización como docente e investigador del profesorado.

5.3. Remisión del baremo a una Orden Ministerial.

Aparte de otras consideraciones, llama la atención el que su concreta determinación se haya dejado a una Orden Ministerial, lo que implica sustraerlo de la discusión.

5.4. Infravaloración de la investigación.

La investigación tiene un valor inferior a la mitad de la puntuación total.

Se pretende contraargumentar: “pero no respecto de la puntuación necesaria para alcanzar la cátedra, que son 140 puntos”. A ello debe responderse: entonces, si tomamos esos 140 puntos como umbral de referencia, entonces todos los demás méritos están ridículamente sobrevalorados

Pero es que además, al introducir la transferencia de resultados de investigación (incluida la difusión de investigación ajena) como criterio que permite alcanzar casi un tercio del máximo de puntuación por investigación, se equipara al máximo investigador y al investigador medio pero divulgador. No existe nadie en el mundo académico que dude que se trata de actividades de mérito distinto, que revelan capacidad distinta.

Aquí es, pues, donde se manifiesta más claramente el fraude de etiquetas, ya que no basta con decir que para la progresión debe alcanzarse un cierto porcentaje en investigación, si a continuación se pervierte el contenido mismo de la investigación.

No debe olvidarse que en la Universidad la promoción de los Profesores debe atender de modo muy primordial a la investigación, criterio que, además, sí permite una evaluación cuantitativa fiable; por ello no basta con señalar, como se hace en el Baremo, que deben alcanzarse estos o aquellos puntos para lograr la llamada “progresión en la carrera académica”, sino que ha de establecerse un porcentaje para la investigación exclusivamente (tal y como se ha establecido en el punto 6 del Baremo, y en la práctica –véase al respecto la experiencia acumulada en la ANECA-, significará que la docencia va a poseer algo más del 50% del peso, lo que no es correcto). Es decir, lo que se tiene que primar es la excelencia, y por ello la investigación –sin burocracia fraudulentamente enmascarada como tal- debe tener un peso no menor al 70%.

Debe añadirse que el inane reglamentarismo de la vida universitaria termina conduciendo a la esterilidad. Da la impresión de que con ese Estatuto se quieren hurtar a la Universidad algunas de las notas que históricamente la han caracterizado: variedad, imaginación, iniciativa, individualismo. A partir de ahora todos iguales...de borregos. En este sentido llama especialmente la atención el empeño en conceptualizar todo (véanse, por ejemplo, los arts. 14, 19.2 y 28.7), y clasificar cualquier actividad, estado o función (así, los arts. 7, 8, 9, 10, 19.5, y un largo etcétera), lo que a la postre, y como bien sabemos los juristas, acabará creando problemas sin cuento en la aplicación de los preceptos, y sobre todo: encasilla absolutamente la vida universitaria.

5.5. La falsa valoración de la docencia y la gestión.

Es un fraude naïve, que sólo engaña a los ya engañados, pretender que la mera constatación de que ha habido docencia es valorar la docencia, o que constatar que ha habido gestión es valorar la gestión.

NUNCA debe admitirse como mérito docente la mera acumulación de horas docentes, ni como mérito de gestión la mera acumulación de horas de gestión, pues ello no distingue la buena docencia de la catastrófica, la buena gestión de la absolutamente incompetente.

5.6. Una reforma fundamental para la reducción de daños.

Si se pretende mantener este baremo, debe añadirse una regla fundamental que rija para todos los ámbitos:

“SÓLO PODRÁN TOMARSE EN CUENTA A EFECTOS DE EVALUACIÓN EN LA CARRERA HORIZONTAL AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS, ACTIVIDADES O RESULTADOS QUE REFLEJEN UN ESPECÍFICO MÉRITO DESDE LA PERSPECTIVA ACADÉMICA”.

Adelantemos la respuesta a posibles críticas:

a) “Es una obviedad: esa regla siempre rige”. Pues entonces se trataría de la única obviedad que faltaba introducir en el Estatuto… y precisamente la más necesaria. Si es obvio, su introducción sólo podría molestar desde la perspectiva estética. A estas alturas, se trataría de un mal menor.

b) Si se pretende, por el contrario, que esa regla no debe regir, supone admitir que SE PRETENDE CONSTRUIR LA CARRERA HORIZONTAL (que puede determinar, además, el acceso al Cuerpo de Catedráticos) SOBRE ALGO DISTINTO DEL MÉRITO Y LA CAPACIDAD. Quien quiera sostener esta objeción, que se retrate en público.

6. QUIÉN Y CÓMO EVALÚA

1) Ausencia de precisiones procesales. El art. 16.6 del Borrador se refiere a que la evaluación horizontal se llevará a cabo “por los órganos competentes de derecho público designados por el Gobierno”. ¿Es que se van a crear unos órganos distintos a la CNEAI y ANECA? ¿Vamos a gozar de una trinidad evaluadora? ¿Cómo es que no se dice absolutamente nada del procedimiento de evaluación si estamos ya en el nivel normativo de un Real Decreto? Lo único que queda claro en el procedimiento es la participación de los sindicatos ¿con qué título? Se trata de un protagonismo conceptualmente perverso, pues el sindicato está para defender los derechos del mayor número de sus asociados; pero la progresión académica debe preferir al mejor frente a la mayoría.

2) ¿Por qué abrir una vía B de acreditación, costosa y distorsionadora? Si lo que se pretende es que las evaluaciones del desempeño no dupliquen la actividad de ANECA y CNEAI... empléense los procedimientos y resultados de ANECA y CNEAI (pero claro: ahí los sindicatos no pueden meter mano).

3) En un primer análisis, queda claro que esa evaluación:

a. O la realiza la ANECA (con lo que hay 2 procedimientos para un solo objetivo: nonsense).

i. Pero no puede, porque aún no es un organismo de Derecho público, como exige el Borrador.

b. O entretanto la realiza OTRO ÓRGANO (con lo que habría 2 órganos con 2 procedimientos para un solo objetivo: double nonsense)-

c. O la realizan ÓRGANOS AUTONÓMICOS (el chovinismo autonómico hará descender la calidad de los criterios de evaluación). La previsión de que un órgano autonómico determinará si acceden al cuerpo estatal de Catedráticos los titulares de su Comunidad es aberrante.

d. O no se hace.

7. FORMACIÓN CONTINUADA

Llama la atención la obsesión por “la formación continuada” [artículos 6.1 b), y 2 b), 7 c) y un largo etcétera]. Sin duda alguna no se ha terminado de comprender qué es el profesorado universitario, o lo que es más probable: al separar docencia e investigación y consagrar, también, el modelo del “profesor burócrata”, se ha sido consciente de que se ha alejado al profesorado universitario de “la punta de lanza” de la investigación (lo que constituye lo más depurado de la “formación continuada”). Ello obliga a llevar al profesorado universitario (consumando así la aberración) a unos cursillos acelerados de actualización: es decir, los que conceptualmente son la esencia de lo actual, deben ser actualizados.

La principal y verdadera formación continuada de un investigador es la investigación.

Otras consideraciones:

a. No se define QUÉ es la FORMACIÓN CONTINUADA, sino sólo DÓNDE se realiza: “actividades que se concreten en la asistencia a cursos y seminarios, reuniones y congresos científicos, y estancias cortas en otras universidades, instituciones, empresas o centros de investigación... y otras que cada interesado podrá determinar libremente”. Definir la formación continuada como el conjunto de actividades de los tipos [a, b, c... y las que a usted le plazcan y según le plazcan] es técnicamente una barbaridad.

b. Un error sobre el papel pasa a ser un sinsentido en la realidad: ¿Cómo se mide el 20 %? ¿20% de cada año? ¿20% de un quinquenio? ¿Si me voy 6 meses es el 50% de un año, con lo cual me he pasado, o el 16 % de 3 años? ¿Si un ayudante se va 1 mes a un Max Planck es formación continuada? ¿Quiere decir eso que no puede irse 6 meses? ¿O quiere decir que si se va 6 meses ya no es “estancia corta” sino ESTANCIA LARGA, por lo que ya no entra en la definición de formación continuada y entonces sí que es admisible su estancia?

c. Pero lo más importante: ¿Qué es formación continuada para un investigador? Las estancias de un investigador en un centro de investigación ¿son formación continuada? Entonces... ¿qué es investigación? ¿Los investigadores sólo pueden estar el 20% de un año en un centro de investigación extranjero?

d. Uno acaba por maliciarse que, amparados en un falso igualitarismo, los mediocres tienen envidia de quien tiene algo de prestigio internacional y es llamado por otras instituciones (respuesta: “para ESO sólo tienes el 20% del tiempo, estrella internacional”).

8. LA DIVERSIFICACIÓN E INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES E INVESTIGADORAS

El artículo 13.2 del Estatuto es un verdadero monumento a la incompetencia en la elaboración normativa. Estamos ante una regulación de imposible comprensión, con referentes ininteligibles. Lo único que una persona sensata puede deducir de ese enunciado es que a través de procedimientos cuasi mágicos se quiere otorgar al profesorado universitario una inclinación más docente o investigadora, pero no se sabe ni por qué ni cómo. Esta norma, por incomprensible, es directamente ilícita.

No deja de ser llamativa, no obstante, la decisión del Estatuto de crear, directamente, la figura del “profesor burócrata o gestor” (art. 13.2, II, del Estatuto). De semejante forma no sólo se pervierte al profesor universitario (contradiciendo la ley), sino que estamos ante el principio del nacimiento de un nuevo cuerpo de gestores universitarios que, naturalmente, querrán copar los representantes sindicales.

El art. 13, con la idea de la “intensificación” en tarea docente o investigadora, CONGELARÁ las funciones de la plantilla e impedirá una gestión razonable de los departamentos.

→ Por otra parte: ¿con cuánta docencia se puede obtener esa magnífica "intensificación docente" con la que ganas el mismo sueldo sin escribir una línea? Efecto desincentivador de la investigación.

→ Lo evidente es que los profesores que sólo dan clase son los Asociados (cuyo sueldo es por todos conocido) y CU/TU con dedicación parcial (que cobran LA MITAD).

→ Si la diferencia con estos funcionarios es que su dedicación docente es temporal, rebájeseles el sueldo temporalmente.

9. OMNIPRESENCIA DE LOS SINDICATOS Y EXCESOS EN SUS COMPETENCIAS

(Vid. también punto 1.1. ILEGALIDAD DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y ACCESO AL CUERPO DE CATEDRÁTICOS).

No cabe duda que los sindicatos representan un papel social fundamental. Pero de la misma manera que su actividad se ha visto expresamente restringida en algunas instituciones por su estructura y fines, no es aceptable, en absoluto, que en la Universidad decidan la orientación de cada profesor en una negociación con los órganos de gestión de la Universidad. La mayor dedicación del profesorado universitario a una u otra tarea la deben decidir los órganos competentes (incluso, legalmente competentes); es decir: los Departamentos, pues son los que cuentan con criterio para ello. En esa materia los sindicatos no tienen nada que decir (en este sentido el contenido de artículos como el 13.4 del Borrador resulta incompatible con la estructura de la Universidad).

De la misma forma, la participación de los sindicatos en la evaluación de la cualificación profesional del profesorado universitario resulta inadmisible (artículo 14.12 del Borrador).

En definitiva: los sindicatos pretenden ganarse a través de este Estatuto un papel que no han podido conquistar con su presencia en la Universidades en todos estos años (donde la afiliación es irrelevante), y para ello tratan de tomar parte en decisiones que exceden claramente sus funciones, pues pertenecen a otros órganos y afectan a criterios valorativos de docencia e investigación.

Todo este exceso sindical se pone, globalmente, de manifiesto en el artículo 28 del Estatuto cuando se fija una jornada laboral (8 horas de lunes a viernes); ahí es donde más claramente se pone de manifiesto que se está confundiendo la Universidad con una Central Lechera. Es decir: la limitación horaria debe afectar, y así ha sido siempre, a las horas de docencia (entre otras razones para evitar que ésta “se coma” a la investigación y se desnaturalice el equilibrio entre la una y la otra), pero nada más. El trabajo universitario es vocacional, el profesorado no tiene límites horarios en su labor investigadora, de formación (se ha confundido al profesor con una secretaria), de la misma forma que no conoce de estaciones del año ni de fijaciones rígidas de períodos vacacionales. Se trata de un diseño con el que directamente se persigue la absoluta burocratización de la Universidad y el fin de ésta [resulta en este sentido también curiosa la norma recogida en el art. 31.3 c), que prevé los “permisos” a los profesores para dedicarse a tareas sindicales ¡como si el “desenganche” de la tarea de investigación fuera tan fácil como el salir de una cadena de montaje!].

10. GRAVES DEFECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA

1) Repeticiones inútiles en relación con otras normas. Por ejemplo: el artículo 3.1 del Borrador de Estatuto reproduce el artículo 56.1 de la LO de Universidades; el artículo 4.1 y 2 del Estatuto el artículo 48.1 y 2 de la citada LO; el artículo 2.2 del Estatuto el artículo 48.4 de la LO; el artículo 4.3 del Estatuto el artículo 48.3 de la LO; el artículo 4.6 del Estatuto el artículo 54 bis de la LO; artículo 6 apartados a), b) y r) del Estatuto repite derechos constitucionales; el artículo 20 del Estatuto repite el contenido del artículo 89 de la LO; el 22 del Estatuto el 54 de la LO; el 25.2 del Estatuto el 65 de la LO, etc., etc. Para colmo el artículo 6.1 finaliza con una cláusula de cierre en la que se reconocen los derechos que se contienen en el Ordenamiento Jurídico en su totalidad.

Entre los deberes figuran, nuevamente, repeticiones de preceptos constitucionales (artículo 7: respetar la dignidad, la libertad de conciencia, integridad, la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico).

2) Banalización del concepto de “derechos” en el artículo 6 del Borrador (y en otros preceptos posteriores. Donde figura una amalgama de efectivos derechos constitucionales, facultades, potestades (se reconoce la capacidad, por ejemplo, de utilizar el nombre de la Universidad), etc., en un difícil equilibrio. Por otra parte, El art. 7.m. convierte en “deber estatutario” cualquier cosa que apruebe un órgano de gobierno de una universidad (rebaja del rango).

3) Repetición de funciones del Profesorado en distintos apartados del propio Estatuto. Por ejemplo: elaboración de materiales docentes [artículos 8.4 a) y 9.2 a) del Estatuto], participación en evaluaciones [(artículos 8.4 b) y 9.1 c) y g) del Estatuto], y otros muchos casos de cruce entre los artículos 8.4 y 9 del Estatuto.

4) Normas imposibles. Los preceptos deben ser factibles de ser realizados, en caso contrario a lo único que contribuyen es a la inseguridad jurídica y al desprestigio de la norma. Un ejemplo de norma absurda se contiene en el artículo 14.6 del Estatuto donde se determina el porcentaje que el Profesorado dedicará a las actividades denominadas de formación continuada (asistencia a congresos y otras) 20%. En general, este artículo 14 del Estatuto constituye un verdadero canto a la burocracia y a la rigidez más absurda.

5) Cuestiones lingüísticas. El término “Profesor” abarca tanto a los profesores hombres como mujeres; de la misma forma que el término “experto” u otros muchos. El empeño en el latiguillo “compañero/compañera” resulta no sólo incorrecto sino también absurdo y cansino.

6) Aseveraciones falsas con consecuencias normativas inasumibles. Se afirma en el artículo 15.2 del Estatuto: “La carrera docente e investigadora del personal funcionario comienza con el acceso a los cuerpos docentes universitarios”. Desde luego esto es falso, la carrera empieza con el inicio de la dedicación universitaria como becario o ayudante; pero incluso desde el punto de vista funcionarial no puede olvidarse que trienios, quinquenios, sexenios, etc., tienen en cuenta esos años iniciales (incluso para los que tuvimos que “servir” en el ejército fascista por la obligatoriedad del servicio militar, hemos visto cómo aquellos años de esclavitud han sido computados a efectos de trienios).

Pretender hacer una tábula rasa desde el acceso a la función pública, que anule los méritos laboriosamente buscados para acceder a la función pública es una opción gremial que protege a quienes ya llevan tiempo en la función pública, frente a quienes acaban de acceder y han realizado sus méritos siendo no funcionarios; que ampara a quienes alcanzaron su titularidad con dudosos méritos frente a quienes la lograron con méritos relevantes. Entre esto y la valoración de la antigüedad como criterio de excelencia, se logra discriminar intolerablemente a los investigadores jóvenes brillantes.

* Francisco Javier Álvarez García es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.

** Jacobo Dopico Gómez-Aller es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.

Cambio libros por ladrillos*. Por Santiago Álvarez González**

2011-06-19T23:27:00.000+02:00

EL PATRIMONIO de la USC es envidiable y envidiado por otras universidades españolas y extranjeras. Hablo de sus recursos humanos (científicos, investigadores, personal de apoyo), pero también del resto de su patrimonio. Resulta un orgullo para quienes trabajamos en la USC poder ser el anfitrión de nuestros colegas, provenientes de universidades de igual o superior prestigio internacional, y mostrarles, por ejemplo, los fondos de la Biblioteca Concepción Arenal. Aparece ese dicen que pecado venial que es la vanidad, cuando podemos exhibir un catálogo de publicaciones periódicas, digno de los centros de investigación de excelencia de Suiza, Alemania, Francia o Reino Unido; cuando la última novedad está en nuestras estanterías y no en las suyas. La envidia (sana o insana) no surge por el hecho del poseer o exhibir del otro, sino por lo que ello supone. Por la ventaja de partida que los investigadores de la USC tenemos al poder disponer in situ de tantas y tan valiosas fuentes de información científica: nuestros instrumentos de trabajo.

Hace poco he recibido un correo electrónico diciendo que la Comisión de la Biblioteca Universitaria había decidido reducir en un 44% los fondos bibliográficos de las publicaciones periódicas. Así, sin más. Por no aburrir al lector, eso significa que hay que cancelar la suscripción de casi la mitad de las revistas científicas. Eso significa también que revistas cuyo primer ejemplar alguien decidió comprar en el siglo XIX, y durante décadas otros muchos decidieron continuar, se quedarán para nosotros en el año 2011, año de su muerte civil en la USC. Revistas cuya vitalidad científica está fuera de toda duda, que sobrevivieron a tiempos mucho peores que los actuales, como la guerra civil y la dictadura, quedarán suprimidas por esas "razones presupuestarias", tan neutras ellas, tan opacas y tan cómplices de una desastrosa gestión económica y una ausencia absoluta de asunción de responsabilidades.

Ante esta desgraciada situación, frente a la que cada vez con más frecuencia nos resignamos pensando que se trata de un trágala más, siempre queda el consuelo de acudir a los sabios para minimizar el daño. Vamos, que seguro que la Comisión de la Biblioteca Universitaria, cuyo nombre augura una composición de responsables expertos en lo que tienen entre las manos (y me refiero a la gestión de los fondos bibliográficos de la USC), es capaz de utilizar criterios objetivos y racionales para realizar la parece que ineludible selección de víctimas. Esto se llama priorización, y se pueden utilizar criterios como el considerar que se han de mantener las revistas más consultadas, las que sean únicas en España, las que sean únicas en Galicia, las colecciones completas con más de 100 años, o, por el contrario, las más recientes... Criterios que obedezcan a una decisión racional de conservación de ese patrimonio de la USC al que aludía al comenzar mi escrito.

Como suele ser habitual en estos casos, el consuelo contrasta con una realidad cada vez más frecuente en el reparto de responsabilidades y toma de decisiones en la Universidad: la decisión drástica se toma en los altos niveles y se ordena ejecutar al directamente perjudicado. "Yo sólo te dije que eliminases la mitad de las revistas... cuáles es tu problema". Y ¿quién es el propietario del posesivo tu? El mensaje de mi decano, a quien la Comisión de la Biblioteca Universitaria pasa la patata caliente, nos dice que el acuerdo de la Comisión (esta vez de la Facultad de Derecho) es que debemos resolver nosotros, los usuarios principales (aunque no únicos). Confieso que no me parece un mal criterio. Me duele tener que hacer un trabajo por el que cobran otros, pero todo sea por el bien común. Sin embargo, este criterio medio aceptable no nos llega en estado puro. Nosotros no somos todos tratando de buscar lo mejor para los fondos bibliográficos en general, sino los pequeños reinos de taifas universitarios (las distintas áreas de conocimiento) a las que se han ido vinculando a lo largo del tiempo unas u otras revistas. En ocasiones por clara afinidad temática; en otras, consecuencia del puro azar. Pues bien, cada área de conocimiento decidirá libremente qué revistas "suyas" viven y cuáles mueren. Se rumorea que una de las decisiones ya adoptadas es suprimir todas las revistas de habla inglesa, francesa, alemana, etc., y sólo mantener las españolas y las escritas en swahili, ya que es el criterio científico que más convence al catedrático de la disciplina, que hizo su tesis en Tanzania allá por los años setenta (cualquier parecido con la realidad puede no ser mera coincidencia: cámbiese el swahili por una lengua bárbara menos exótica). Es como si hubiera que cerrar la mitad de las infraestructuras viales del Estado y, dejándose la decisión en manos de cada Comunidad, Galicia decidiera cerrar la conexión con Portugal porque considera vital la conexión con la Meseta, mientras que Castilla y León decide cerrar la A6 y la Autovía Rías Baixas en los accesos a Galicia porque considera prioritaria la conexión con Asturias, ya que les gusta más la fabada que el caldo gallego. Y no pasa nada.

El próximo día que mis colegas de Bayreuth o de Heidelberg pasen por la USC no podré acompañarles en una visita guiada por la Biblioteca Concepción Arenal, pues no sería orgullo sino vergüenza lo que sentiría al mostrarles nuestras colecciones truncadas por la visión de futuro de nuestras autoridades universitarias. Eso sí, podré enseñarles el novísimo Instituto para la Cría de Empresas de Competitiva Excelencia y Estratégica Prioridad (Iceceep), sus fachadas ventiladas con placas de resinas fenólicas y sus ventadas de aluminio con rotura de puente térmico de última generación.

* Publicado en El Correo Gallego.

** Santiago Álvarez González es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Santiago de Compostela.

Un prólogo con miga. De Carlos Martínez-Buján

2011-06-19T23:25:00.001+02:00

El siguiente texto pertenece a Carlos Martínez-Buján Pérez, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña y Conselleiro en el Consello Consultivo de Galicia. Aparece en el prólogo de su obra Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 19.

La principal novedad de esta tercera edición consiste en la incorporación del contenido de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código penal, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010, uno de cuyos principales objetos es, precisamente, el del Derecho penal económico y de la empresa. De hecho, la mayor parte de las Lecciones de este libro se han visto afectadas, en mayor o menor medida, por esta reforma, que comporta incluso la creación de nuevas figuras delictivas, como el delito de estafa de inversión de capital y estafa de crédito (art. 282 bis), el delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis) o diversos tipos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328, apartados 2 a 7). A ello hay que añadir la previsión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para buena parte de los delitos que aquí se estudian.

Por otra parte, y dado que la segunda edición de esta obra se terminó de redactar en otoño de 2004, la tercera edición supone también una puesta al día de su contenido en lo referente a la legislación extrapenal que se ha promulgado a lo largo de estos seis años, así como en lo concerniente a la bibliografía y a la jurisprudencia.

En lo que atañe, en particular, a la incorporación de la nueva bibliografía he tratado de mantener, en la medida de lo posible, las características de la anterior edición, en el sentido de añadir en todos los delitos las referencias de los principales trabajos publicados en la doctrina española a lo largo de estos seis últimos años. No obstante, debo confesar que, a pesar de haber dedicado muchas horas a esta tarea, no estoy seguro de haberlo conseguido. La infernal dinámica a la que nos hemos visto abocados los profesores e investigadores españoles, a causa de tener que enfrentarnos a acreditaciones, evaluaciones y revisiones, inventadas por la jerga vacía de pedagogos de mente calenturienta al servicio de la Administración educativa para obstaculizar el verdadero progreso científico y cultural, ha propiciado una terrorífica inflación de publicaciones sedicentemente originales, muchas veces sin el rigor y la calidad exigibles, no faltando incluso casos en que no sólo no se aporta nada nuevo al acervo jurídico-penal consolidado, sino que se dice mucho menos (y de peor modo) de lo que ya se contenía en trabajos anteriores, que en no pocas ocasiones (para mayor colmo) se desconocen.

Por tanto, en esta tercera edición me he enfrentado a una ardua labor de selección de las contribuciones que me parecían más relevantes y, sobre todo, aquellas que ofrecían alguna aportación digna de mención en la interpretación de los tipos penales. Sin embargo, estoy seguro de que, pese a las muchas horas de lectura perdidas en el intento de separar el grano de la paja, habré incurrido en omisiones de trabajos que merecerían ser tenidos en cuenta y por las que pido disculpas por anticipado.

Por lo que respecta a la jurisprudencia, la cuestión se presenta de un modo diferente. Plenamente convencido ya de que el contenido de las resoluciones jurisprudenciales es cada vez peor en el aspecto jurídico y que además en los últimos tiempos los razonamientos son, en no escasa medida, ya gramaticalmente ininteligibles, me he limitado a una tarea puramente informativa de la adscripción de la jurisprudencia a las diversas tesis que la doctrina científica ha ido elaborando sobre los diferentes elementos de los delitos aquí analizados.

Finalmente, en la redacción de este libro he tenido en cuenta las nuevas reflexiones sobre esta materia del Derecho penal económico y de la empresa que recogí en la 2ª edición de mi Parte General, publicada en el año 2007 y basada en los postulados de la concepción significativa de la acción.

En Santiago de Compostela, diciembre de 2010

Carlos Martínez-Buján Pérez

Catedrático de Derecho penal

Universidad de A Coruña

Calidad en la universidad. Dos conversaciones verosímiles. Por Juan Antonio García Amado

2011-06-19T23:23:00.000+02:00

Riiiing, riiiiing

- Dígame.

- Mamá, mamá, soy Deme.

- ¿Quién?

- Deme. Demetrio, mamá, tu hijo.

- Deme, mi niño, cómo estás.

- Mami, tengo una gran noticia

- Cuál, cuál.

- Me acaban de nombrar vicerrector de calidad, mamá, no te lo vas a creer

- ¿Qué dices de un bimotor?

- No, no, vicerrector, vicerrector. Vicerrector de calidad, mamita, ¿no es increíble?

- Ay, mi niño, qué alegría. ¿Qué quiere decir de calidad, Deme? ¿Por qué no de dineros o eso?

- Mamá, qué cosas preguntas. De calidad es lo máximo, ¿no te das cuenta? De ca-li-dad. Creo que quiere decir que me nombran el vicerrector mejor, el de más cualidades, el vicerrector más total, mami, el numberguán.

- Ya lo decía tu padre, que en gloria esté: este niño ha nacido de pie. La primera vez que se lo oí fue cuando te tiraste por la ventana porque decías que podías volar como las mariposas y tuviste la bendita suerte de caer sobre el toldo de la zapatería. Menudo susto, me acuerdo de que…

- Mamá, mamá, no te enrolles, que voy fatal de tiempo. Precisamente el rector nos ha convocado dentro de una horita a todos los de su equipo para asignarnos tarea y todo eso. A ver qué me da a mí, verás qué interesante.

- Bueno, hijo, ve, anda. No te olvides de darle saludos a Marita de mi parte. ¿Qué tal está?

- Mamá, te recuerdo que nos separamos el año pasado. Si no quieres asimilarlo es cosa tuya.

- ¿Y el niño? ¿Sigue bien el niño? ¿Está contigo?

- El niño está pasando este curso en Nueva York, mami, ya te lo había contado. Tengo que irme. Te quiero mucho.

- Adiós, hijo, adiós, y enhorabuena por lo de vicealcalde.

Despacho del rector. El rector, de pie. Más tarde se sienta, en silla alta. Demetrio Gorriti está sentado en un sofá.

- Gorriti, ¿qué tal me ves?

- Bien, muy bien, rector. Magnífico.

- Gracias, Gorri. ¿Te parece que me queda bien esta americana? Es nueva.

- De maravilla, te sienta de maravilla. Magnífica americana.

- ¿No crees que cuando la abrocho me tira un poco de la sisa?

- Yo diría que no. Se llevan entalladas esta temporada.

- Lo sé. Es de Hugo Boss. La casa por la ventana, Gorri, pero no se es rector todos los días.

- Que sea por muchos años, rector, por muchos años.

- Gracias, Gorri. Y tú que lo veas. Vamos a hacer grandes cosas juntos.

- Sí, sí. Estoy a tus órdenes rector

(Demetrio hace ademán de levantarse, pero el rector lo detiene posándole una mano en el hombro. El rector se sienta en su silla).

- Bueno, Demetrio, vamos a lo nuestro.

- Estoy impaciente, rector.

- Sabes que te quiero en calidad.

- Me siento sumamente honrado. Creo que no me lo merezco.

- Es posible que no, pero lo he decidido así y decidido queda.

- No te defraudaré, rector.

- Vale, vale. Bueno, por el momento vas a ocuparte de las encuestas de los estudiantes y de las auoevaluaciones del PAS y del PDI. También te pido que de aquí a tres meses prepares un programa de control calificado de calidad. Lo llamaremos CONCACA.

- Esto…. Bien, bien. Y qué más.

- ¿Qué más? ¿Te parece poco? La calidad, Gorri, la ca-li-dad. Importantísimo. Y encuestas, muchas encuestas. Todas las semanas hay que pasar a todo el personal una encuesta de calidad. Que si qué tal esto, que si qué tal lo otro. Con muchas preguntas. E informes, que todo dios haga un informe diario sobre su calidad. Diario, sí señor. De tres páginas, mínimo. Y un sistema de evaluación de la calidad de la evaluación de la calidad. Lo llamaremos programa de metecalidad.

- ¿Mete?

- Meta, quiero decir metacalidad, calidad de la calidad, ya sabes. Como meteoro.

- ¿Meta es calidad de la calidad? Um, suena bien: meta calidad, sí señor.

- Y las fuentes, calidad de las fuentes y de la calidad del control de la calidad de las fuentes. Ya me han llegado quejas de que algunas fuentes del campus tienen el agua turbia.

- ¿Fuentes? ¿Hay fuentes en el campus? No las conozco.

- Bueno, pues si no las hay, las creas tú para joder bien a los que se quejan. Fuentes de calidad. Y sostenibles. Evaluadas. Tendremos tres fuentes de calidad sostenible, por lo menos. Con encuestas y memorandos.

- ¿Encuestamos a las fuentes?

- No seas bestia, Gorri. Encuestamos al personal docente e investigador. Que cada semana cubran una aplicación informática sobre la calidad de las fuentes y que desarrollen competencias sobre el agua y los surtidores. Competencias transversales, tienen que ser transversales y con algo de género, lo que sea. Y haremos el día de la fuente universitaria. “Universidad, fuente del saber”. Ahí tienes el lema, para que no te agobies. Será el 17 de mayo, día de mi cumpleaños.

- Vale. Tomo nota.

- Pues ya está, ya tienes labor de sobra.

- Bien. Yo… No sé…

- Qué pasa, Gorri. ¿No te convence lo de las fuentes de calidad sostenible?

- Sí, sí, es una idea genial.

- Una idea sostenible, Gorri.

- Claro, sostenible.

- Una idea de calidad, de supercalidad. De lo tuyo, mira.

- Una idea de supercalidad, naturalmente, rector.

- Una idea cojonuda, como todas las mías. Pero esto entre nosotros.

- Sí, cojonuda entre nosotros.

- ¿Te queda alguna duda?

- Verás, no sé cómo decirlo. Me habías dicho que yo sería vicerrector de calidad, ¿no es cierto?

- Claro, ese es tu cargo. No te quejarás, ¿eh? De ca-li-dad. Estuve por llamarlo de calidad y sostenibilidad, pero se sobreentiende.

- De calidad, pues por eso. Que yo creía que, bueno, que era como un supervicerrectorado. El de más mandar, ya me entiendes. Tu segundo, por así decir, tu lugarteniente. Al ser de calidad…

- Qué bruto eres Gorri. No sé para qué te saco de Agrícolas. ¿Qué tiene que ver el mandar mucho? Para eso estoy yo, que, bien mirado, vengo a ser como un rector de mucha calidad.

- No, eso sí. Es que ya se lo había comentado a mi madre y está muy ilusionada.

- Nada, nada, tú a tu madre le explicas que la calidad es hoy en día lo principal. Y autoevaluaciones, muchas autoevaluaciones. Y también homoevaluaciones.

- ¿Homoevaluaciones o heteroevaluaciones?

- De las dos. Pero más que nada autoevaluaciones. E informes y memorandos. Y aplicaciones. Y cada semana un dossier de calidad y a tomar por el saco. Eso, quiero que pidas al personal docente e investigador un dossier semanal sobre su autocalidad. Y al PAS también, que esa gente es muy sensible y enseguida se molesta si no se le exigen autoevaluaciones de calidad.

- ¿Y a los otros vicerrectores?

- A los otros vicerrectores qué.

- Que si puedo obligarlos a autoevaluarse también. No sé, cada mes o así. Para que vean que yo soy el de calidad y que hay un poquito de jerarquía y esas cosas.

- Buenísima idea, Gorri. Ni jerarquía ni hostias. Pero autoevaluaciones vicerrectorales sí, mira, eso me ha gustado. Cada cinco días. Cada cinco días naturales un cuestionario de diez páginas para que cada vicerrector se autoevalúe la calidad. Que la gente se apoltrona si no se controla la calidad, eso está demostrado.

- Huy, qué bien. Ahora sí que me siento contentísimo. Tengo que llamar a mi madre esta misma tarde.

- Llámala, llámala, y dale recuerdos míos. Pero no te distraigas. Debes ponerte a la tarea hoy mismo. No olvides que se empieza en la calidad y se desemboca en la excelencia, que es a lo que vamos. Seremos campus de calidad excelente. ¿Te suena bien así o mejor campus de excelencia de calidad?

- ¿Sostenible?

- Eso, eso. Campus sostenible de calidad para la excelencia. Excelente, excelente. Soy un hacha, Gorri, ¿te das cuenta?

- Excelente, rector. Súper. Magnífico.

- Pues hala, hala. A lo tuyo y dile al vicerrector de Tiempo Verde que pase.

Reflexiones sobre la dedicación del profesorado en el proyectado Estatuto del PDI. Por Germán Orón Moratal*

2011-06-19T23:21:00.000+02:00

Comparando el texto vigente del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, con el contenido del proyecto de Estatuto del PDI, en relación con la dedicación del profesorado, se observan una serie de cuestiones que deben ser objeto de reflexión.

Tras el citado RD han sido considerables las reformas que ha tenido el sistema universitario, y por lo que aquí se refiere, por ejemplo, con el cómputo por créditos de las asignaturas (1 crédito, 10 horas), y ahora con el ECTS, que mide el volumen o carga total del trabajo de aprendizaje del estudiante y se corresponde con una carga de trabajo del estudiante de 25 a 30 horas por crédito, y que comprende las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación, sin que por el contrario se haya precisado con exactitud la relación del ECTS con la obligación horaria del profesorado, si bien la práctica en muchas Universidades le asigna una horquilla entre 7 y 10 horas de clases lectivas. En número de créditos suele fijarse en 24 el que corresponde a la dedicación máxima anual del profesorado a tiempo completo.

Sin embargo, todavía hoy, normativamente, se computan semanalmente las obligaciones docentes de los profesores con régimen de dedicación a tiempo completo, en ocho horas lectivas y seis horas de tutorías. Asimismo, al menos un tercio de la jornada semanal debe reservarse a investigación. Esto supone que de la jornada semanal, 14 horas se deben destinar a obligaciones docentes presenciales, 12,5 horas mínimo a investigación y el resto (11 horas) a más investigación o formación, esto es, actividades indisolubles respecto de las anteriores y complementarias, y como paradigma de ellas, la preparación de clases.

El proyectado estatuto, dice en su preámbulo que “pretende recoger, y mostrar ante la ciudadanía, la enorme diversidad de actividades del profesorado universitario que, por primera vez, se identifican, explicitando el quehacer de los profesores y las tareas que realizan en beneficio de la sociedad”, y establece un régimen de dedicación general muy perfilado pero que deberá concretarse en el denominado plan individual de dedicación académica (PDA) que debe aprobarse por la Universidad para cada profesor.

El marco del régimen de dedicación se establece en el art. 14.6, en los siguientes términos:

La dedicación del profesorado universitario a tiempo completo se distribuirá de la siguiente forma en su jornada laboral en cómputo anual:

a) El 80 por ciento para actividades docentes y de investigación y, en su caso, de innovación y transferencia. Este porcentaje podrá ser reducido por actividades de dirección y gestión, en los términos que establezca cada universidad.

b) El 20 por ciento restante se dedicará a actividades de formación continua que se concreten en la asistencia a cursos y seminarios, reuniones y congresos científicos, y estancias cortas en otras universidades, instituciones, empresas o centros de investigación, y otras que faciliten o favorezcan sus funciones como profesor universitario y que cada interesado podrá determinar libremente y justificar ante su universidad.

Ciertamente el cómputo anual no es equiparable exactamente al cómputo semanal, pues hay semanas en que no hay docencia con clases lectivas, aunque sí pueden o deben realizarse funciones docentes, pero que permiten dedicar un mayor periodo de tiempo -en cómputo semanal- a las actividades que se incluyen en el 20% del cómputo anual, y que asciende a casi 320 horas anuales, frente a las 1317 que conforman el 80%. En este sentido es positivo el reconocimiento de actividades tendentes a incrementar el capital humano del docente, pues, aun cuando tiene una relación directa que a él le beneficia, incluso en algunos casos económicamente por la posible participación en contratos de asistencia y de investigación, no debe olvidarse que también debe trasladar el conocimiento a los discentes y a la sociedad.

A continuación, el mismo precepto, en el número 8, perfila la dedicación a actividades docentes, también en cómputo anual (240 horas para actividad docente básica, y 180 para actividad docente complementaria), lo que no es sino un equivocado trasunto de las vigentes 8 horas semanales de docencia y las 6 de tutorías. En concreto dispone:

La asignación máxima de horas a un profesor universitario para el desarrollo de actividad docente básica será de 240 horas en cómputo anual. Con carácter orientativo entiende por actividad docente la prevista en los párrafos b), c) e i) del artículo 9.2.

En el mismo caso anterior, la asignación de horas a un profesor universitario para el desarrollo de la actividad docente complementaria será de un máximo de 180 horas en cómputo anual Se entiende por actividad docente complementaria la prevista en los párrafos a), d), e), f), g) y h) del artículo 9.2.

Sin embargo, estos límites podrán superarse en los casos en que el PDA anual del profesor no pueda completarse justificadamente con otras actividades.

La identificación de funciones que competen al profesorado y su adscripción a lo que hasta ahora se ha venido identificando como docencia y como tutorías, sin duda comporta una mayor seguridad jurídica para el profesor, pero en los términos que se hace es posible dudar que redunde en una mejoría de prestación de servicio público inmediato.

Lo primero que debe indicarse, y de ahí que me refiera al equivocado trasunto, es que ese cómputo anual de las 240 y 180 horas se cubre con las obligaciones docentes de las 30 semanas lectivas, 15 por semestre. La correlación con la situación actual guarda una relación más adecuada para la denominada actividad docente básica, en la medida que gran parte de la misma como veremos se integra por docencia presencial, pero bastante inferior a las seis horas semanales de tutorías, pues descontadas las vacaciones y los periodos no lectivos (Navidad y Semana Santa, y en su caso festividades locales), aún quedan bastantes más semanas para agotar el año.

En la actividad docente básica serán computables la planificación (elaboración de guías docentes; coordinación de la docencia en niveles de grado o posgrado), la docencia presencial en todos los niveles y formatos (clases teóricas, clases experimentales o prácticas, seminarios o clases interactivas de tutorización en grupo) y calidad y mejora (participación en programas institucionales de calidad e innovación educativa). Obviamente unas actividades son más visibles que otras y es especialmente importante que se incluyan expresamente como computables en este grupo de dedicación los seminarios o clases interactivas de tutorización en grupo, pero habrá que ver cómo se concreta en cada universidad la medición de la dedicación a actividades que no son especialmente visibles, e incluso las visibles, pero en cualquier caso es obvio que las horas de clases lectivas han de ser menos de 8 a la semana.

Mayor es si cabe el problema en relación con la actividad docente complementaria, esto es, la de las 180 anuales, que son bastantes menos que las 6 semanales de ahora, y en la que junto a las tutorías individuales, de orientación y atención a los estudiantes, serán computables también: la elaboración de materiales docentes, en particular aquellos en formato electrónico y virtual; dirección y seguimiento de trabajos realizados por los estudiantes, en el marco de prácticas en empresas o externas, trabajos de fin de grado o máster, y cualquier otra materia de grado o posgrado, incluyendo la dirección de tesis doctorales; preparación, realización y revisión de pruebas y exámenes; gestión y coordinación académica de programas de intercambio y movilidad de estudiantes (nacionales o internacionales) o de programas relacionados con las enseñanzas preuniversitarias.

Nadie mejor que los alumnos para conocer las facilidades para ser atendidos en el horario de tutorías por su respectivo profesorado, pero también, en otros casos, de las dificultades de conseguir el objetivo. De ahí que la acumulación de tareas invisibles en ese horario, que ahora se pretende más reducido, y que sin duda pueden ser en muchas ocasiones realizadas en ese mismo horario por no ser requerida la atención por estudiante alguno, puede sin embargo legitimar comportamientos que conlleven un detrimento en la prestación del servicio más visible y transparente, cual es las tutorías individuales, y que al mismo tiempo puedan aprovecharse para sortear los mecanismos que la Universidad pueda establecer para comprobar el cumplimiento del Plan individual de dedicación académica que prevé el proyectado art. 8.3.

Importante es también la previsión de que pueda incrementarse la dedicación de horas de docencia en los casos en que el PDA anual del profesor no pueda completarse justificadamente con otras actividades, lo que permitirá contrastar la realidad de la existencia de actividad de investigación y formativa, y si estas no se encuentran, que su mera posibilidad no sea una excusa para no dedicar más horas a la actividad docente; es más, ello puede permitir que las Universidades exijan un mínimo de resultados en alguna de las actividades de investigación, de innovación y transferencia de conocimiento, y aquí los sindicatos algo tendrán que decir, pues debe ser objeto de negociación sindical los criterios generales de asignación de tareas al profesorado dentro de su correspondiente dedicación.

Sobre la mesa queda si el mediopensionista se extingue, o se le sigue alimentando.

* Germán Orón Moratal es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Jaume I de Castelló.

Índice del nº 26 de FANECA

2011-05-08T19:18:00.002+02:00

- Sistemas de evaluación académica. I. A dónde hemos ido a parar. Por Juan Antonio García Amado.
- Sin comentarios. Por Miguel Díaz y García Conlledo.
- Universidad sostenible según legislador ridículo. Por Consuelo Cardenal Mendoza.

Sistemas de evaluación académica. I. A dónde hemos ido a parar. Por Juan Antonio García Amado

2011-05-08T19:12:00.002+02:00

I. Necesidad de un enfoque institucional.

Las apreciaciones que siguen están hechas desde los planteamientos y la experiencia de las ciencias llamadas, sociales, jurídicas y humanas. Para las llamadas ciencias naturales o ciencias “duras” serán de aplicación muchas de estas consideraciones, pero habrá también que hacerles algunas precisiones, en razón de su especial situación y de sus peculiares hábitos y tradiciones disciplinares. No hace falta ni mencionar un claro elemento diferenciador: mientras que en la mayor parte de tales ciencias “duras” hay claros criterios de valoración o “indexación” de las publicaciones, esos criterios o faltan o están fuertemente “contaminados” de intereses e ideología en las disciplinas de las que preferentemente pretendemos hablar en este momento.

Elegimos aquí una perspectiva institucional en lugar de una individual. Expliquemos la diferencia entre ellas.

La óptica institucional es la que juzga los resultados esperables o acontecidos de un sistema de evaluación a tenor de los fines de la institución o instituciones de referencia –en este caso las que conforman el sistema universitario o, en un sentido más amplio, el sistema científico-académico-. Ahora bien, dicho enfoque institucional tiene que vincular esos fines de la institución con el interés general, para que no se produzca distorsión por obra del interés que podemos llamar subjetivo-institucional. Con esta última noción aludimos a los intereses particulares de tal o cual entidad concreta –la Universidad X o la Universidad Y- o, más claramente y más comúnmente, de ciertos grupos que detentan el control o el poder de esta o aquella universidad concreta o de cada una de ellas: rectores, gerentes, cargos políticos con competencias universitarias…

Por consiguiente, reivindicamos, como presupuesto metodológico, una perspectiva institucional pura, es decir, aquella que –en la medida de lo posible- atienda nada más que a los intereses que son justificación y razón de ser de la institución universitaria: investigación y docencia de calidad, orientadas ambas al progreso del país. Asumimos la siguiente correlación, cuya negación supondría un radical cuestionamiento del papel tradicionalmente asignado a la universidad: ese progreso está en directa proporción con la calidad de la investigación y la formación universitarias.

Esa perspectiva institucional pura se liga, por tanto, al interés general y no a intereses meramente personales o a intereses subjetivo-institucionales. Quiere decirse que los sistemas de evaluación tienen que ser valorados por sus rendimientos para esa parte del interés general cuyo cultivo a la universidad compete, y no desde sentimientos de justicia o injusticia parciales o sesgados. Se trata de objetivar en la mayor proporción posible el análisis de los resultados de los sistemas de evaluación, “despersonalizándolos”, por así decir. Esto es, cabe que un sistema sea justo o adecuado, bajo este punto de vista que proponemos, aunque muchos aspirantes a evaluaciones positivas se sientan maltratados por él, o aun cuando ciertos gestores o determinadas instancias políticas lamenten sus resultados por ser disfuncionales para sus intereses[1]. De la misma manera, un sistema puede ser considerado tremendamente equitativo y apropiado por los candidatos o por tales o cuales instituciones –los rectores, los consejeros autonómicos, los partidos dominantes…- y constituir, sin embargo, una carga de profundidad que puede terminar con la institución universitaria misma o con su sentido.

Una consecuencia práctica y política de lo que acabamos de exponer es la siguiente: sobre los sistemas de evaluación universitaria el poder político puede dialogar, pero no debe negociar. El interés general no tiene más representación que la representación general: en democracia, la representación política. Todos los demás interlocutores posibles defienden intereses parciales y tratarán de imponer ese interés de cada uno sobre el interés general al que tiene que servir las universidades. Permítase una comparación. Si los criterios para la elección de los futbolistas que han de ser llamados a la selección nacional se negocian con los distintos clubes y las asociaciones de jugadores, los jugadores o los equipos de segunda división intentarán imponer un sistema de cuotas a su favor; y los reservas habituales de los equipos de primera reivindicarán su derecho a una oportunidad también. Y así sucesivamente. Nunca ganará partidos importantes una tal selección de retales y demagogias. Si a nadie se le ocurre semejante proceder “negociador” en materia deportiva, pues parece evidente que el objetivo es el éxito deportivo de las diversas selecciones, ¿por qué las normas universitarias y los criterios de selección académica se pactan con sindicatos, rectorados, asociaciones de tal o cual y demás entes intermedios y corporativos?

II. Evaluación de la investigación y la docencia: despropósitos vigentes.

II.1. Disfuncionalidad radical de los actuales sistemas.

Un sistema de evaluación es disfuncional y contraproducente cuando está organizado de tal manera que fuerza un divorcio entre los intereses de los individuos que quieren ser positivamente evaluados y los intereses de la institución como tal. Los vigentes sistemas de evaluación son de esa forma disfuncionales y contraproducentes en su mayoría, y paradigmáticamente el de acreditación para cátedras y titularidades de universidad, pues llevan a esos candidatos a organizar su carrera o su actividad de forma tal que sus rendimientos para la institución decrecen o no se producen de la mejor forma.

Veámoslo primero con la comparación futbolística. Si para formar parte de la alineación titular de un equipo de primera o de la selección nacional de fútbol fuera condición muy importante, entre otras, la de tener grandes conocimientos sobre historia del deporte y sobre alineaciones de los equipos de todos los tiempos y lugares, los jugadores tendrían que gastar una gran parte de su tiempo sentados, estudiando. De esa manera, por un lado, seguramente engordarían y, por otro lado, tendrían que restar dedicación al entrenamiento y al cuidado físico. La consecuencia sería evidente: bajaría la calidad del juego de esos equipos. Y resultaría absurdo todo el sistema, además, ya que, al tratarse de una práctica deportiva, poco sentido tienen aquellas exigencias de alarde memorístico o de erudición fuera de lugar. Pronto veremos con la misma claridad ciertas correspondencias con el actual sistema universitario.

II.2. Desglose de la disfuncionalidad del actual sistema.

Repasemos la noción esencial. Un sistema de evaluación es institucionalmente disfuncional cuando las posibilidades de evaluación positiva de un candidato disminuyen cuanto mejores son sus prestaciones profesionales para la institución de referencia y cuando, correlativamente, la disminución o la perversión de esas prestaciones aumenta para dicho candidato sus probabilidades de éxito en la evaluación.

A día de hoy, pocos ejemplos mejores de tal disfuncionalidad se hallarán que el que predomina en la ANECA y las agencias autonómicas para la evaluación del profesorado que aspira a acreditaciones para plazas de profesorado funcionario o de profesorado contratado. Fundamentemos este dictamen general mediante los correspondientes análisis parciales.

a) Cantidad antes que calidad; cantidad sin control de calidad.

Esta es la pauta generalísima que impera. Los currículos se examinan al peso y sobre la base de un presupuesto que, al menos en las ciencias sociales, jurídicas y humanas, no se justifica: el de que cada fruto que se exhibe, cada logro, cada mérito, ha llegado a ser tal sobre la base de algún exigente filtro previo. Se presume que opera un sistema de controles tan fuerte y eficiente, que evitaría que alguien presentase como mérito lo que no contuviera valor ninguno. Es una presunción radicalmente inmotivada, una auténtica ficción.

Además, el propio sistema de evaluación vigente pone las condiciones para que ese carácter ficticio de los méritos y del sistema de su acopio se acentúe en lugar de corregirse. Concretando más: se da por sentado que si un artículo se publica en determinadas revistas es porque ha superado un muy crítico examen por pares anónimos; que si se ha dirigido una tesis doctoral que ha obtenido la máxima calificación, ésta refleja el veredicto serio de un tribunal independiente, ecuánime y muy profesional; que si un profesor ha pasado una temporada en una universidad o centro de investigación internacional con financiación de algún organismo público, este organismo financiador habrá fiscalizado fehacientemente el trabajo y los resultados; que si un profesor presenta una serie de evaluaciones positivas de su docencia, basadas en encuestas a sus alumnos, dichas encuestas han sido elaboradas solventemente, sus resultados corregidos para evitar manipulaciones y la calidad de la docencia filtrada de algún otro modo para evitar la demagogia profesoral que busca sólo el éxito de dichas encuestas; que si un profesor exhibe una certificación de haber expuesto una comunicación en un congreso de su especialidad, la organización de dicho congreso sólo proporciona tales certificados a quienes efectivamente presentaron esas comunicaciones y, además, después de haber sido seleccionadas por un procedimiento riguroso y objetivo; etc; etc, etc.

Cualquiera que sepa algo de lo que ahora mismo está ocurriendo en nuestras universidades y con las evaluaciones de estos tiempos, es consciente de que creer todo eso supone un acto de fe realmente esforzado, implica tomar por verdades las falsedades más descaradas. Mas, insistimos, no importa sólo la sistemática deformación de la realidad particular de muchos investigadores y del balance general, sino que pesa tanto o más la dinámica degenerativa que se ha introducido con estos sistemas. Por decirlo con un ejemplo: si hasta hace bien poco era común que antes de los cuarenta y tantos años un profesor de cierta calidad no hubiera dirigido más de tres o cuatro tesis doctorales, pronto los veremos de treinta y cinco que ya tienen diez o doce en su haber. Las estadísticas darán una productividad doctoral que a algún despistado le puede hacer pensar o a que hay un aumento loable de la investigación y que superamos el promedio alemán o el finlandés. Para nada. Pues serán, en su gran mayoría, tesis doctorales a beneficio exclusivo del currículo de su director y para bien de su acreditación siguiente. Nadie reparará en si hay dentro de ellas calidad o no, investigación seria o descarada estafa. No lo hará el tribunal ante el que la tesis se defiende, pues se compondrá por amigos movidos por el viejo principio de hoy por ti y mañana por mí, y no lo harán los evaluadores de la correspondiente agencia, que no tendrán esas tesis a su alcance, ni siquiera para echar un somerísimo vistazo al índice. Otro signo de los sistemas educativos y de investigación de nuestro país durante estos años: todo empeora para que las estadísticas mejoren.

Podríamos descomponer el análisis en cada uno de los aspectos que como ejemplo se mencionaban hace un momento, y más, pero quedémonos tan sólo con unos pocos: valoración de monografías, artículos de revistas, y estancias de investigación.

- Monografías. El sistema editorial español funciona, en los ámbitos disciplinares a los que nos estamos refiriendo principalmente, bajo la combinación de dos factores: dinero y grupos de control. Un investigador escribe un buen libro de carácter monográfico (con los manuales no hay problema, aunque sean pésimos) sobre un tema con escasa salida comercial. Téngase en cuenta que esa salida comercial tiende a restringirse en nuestros días, debido a factores tales como la crisis general del libro y la letra impresa, las restricciones económicas y de simple desinterés que se aplican a las bibliotecas universitarias y las nuevas olas pedagógicas, que ponen el énfasis en lo audiovisual frente a lo escrito, al viejo modelo de Educación y Descanso. Ese investigador envía su obra a las editoriales del ramo y las respuestas van a ser de dos tipos: que no o que sí, pero previo pago de unos tres mil euros, bien en metálico o bien en compromiso de compra de ejemplares. Normalmente ese dinero se pagará. ¿Del bolsillo del profesor? A veces, pero por lo general de los fondos de algún proyecto de investigación financiado del grupo al que pertenezca.

Por supuesto, nadie, absolutamente nadie en esa casa editorial, ha examinado ni una sola línea de ese libro que sale de sus prensas. El control de calidad brilla por su ausencia. Puede estar lleno de errores y/o de faltas de ortografía y de terrorismo sintáctico. No importa, es un libro publicado en una editorial “de prestigio” y como tal será considerado por el evaluador de agencia, quien, por lo demás, tampoco lo habrá recibido con el currículum y no dispondrá de él, salvo que se tome la molestia de procurárselo por su cuenta.

Pero existe otra posibilidad: que algún colega amigo o de la propia escuela maneje, por las razones que sean, buenas o malas, alguna colección en alguna editorial. En ese caso el libro se publicará sin costes para el autor o con costes menores o costes de otro tipo. Pero el control de calidad será reemplazado por el de afinidad: se te publica porque eres de los nuestros o porque vas a serlo en adelante. Roma no edita traidores.

Naturalmente –y hay que decirlo bien alto- hay excepciones a lo que acabamos de decir. Las hay, sin duda, en algunas editoriales, algunas colecciones y algunos directores de colección. Las hay, sí, pero pocas.

O digámoslo de otra forma. Hay investigadores cuya calidad se impone por sí misma y cuyas obras son aceptadas por los editores y las colecciones para formar parte de ese “fondo de armario” duradero y que da prestigio. Pero son nada más que unos pocos en cada disciplina. Su fama habla por sí sola y cualquiera que de tal materia tenga algo de noticia podrá evaluar positivamente hasta antes de ver tal libro. Ese papel jugó tradicionalmente la fama académica. Mas en muchos casos, desgraciadamente, las cosas funcionan a la inversa: ver el libro es peor. No sabemos quién es al autor o cuánto valdrá, más vemos que tiene un libro y lo juzgamos a tanto alzado; si lo leyéramos, descontaríamos.

- Artículos de revistas. Es muy posible que las ciencias más duras tengan revistas durísimas en las que cada artículo sea concienzudamente revisado por pares sin par, anónimos e independientes a carta cabal. En las ciencias nuestras no sucede tal por lo común; ni de lejos.

Lo habitual es que cuando algún profesor, como los que suscriben, recibe de alguna revista un texto para dictamen, con el nombre del autor convenientemente eliminado, sepa de inmediato quién es el autor. No ya porque en la nota dos venga aquello de sobre este tema véase nuestra obra anterior: López López, Lope, “Esencia y valor de la gracia santificante”.., sino porque, incluso sin tales fallos, los especialistas que se mantienen al día conocen perfectamente el estilo, los temas y las tesis de sus colegas; y los que no están al día no deberían evaluar nada.

Y más. Quien decide el nombre de los evaluadores decide grandemente, al tiempo, los resultados de la evaluación. En disciplinas en las que el alineamiento teórico tiene un alto contenido ideológico, en el más amplio y menos negativo sentido de la expresión, basta muchas veces pedir la opinión de quien se adscribe a las tesis opuestas a las del artículo evaluable, para condenar a este a las calderas de Pedro Botero, aun cuando el nombre del que lo perpetró se guardara a buen recaudo. Si, además, el nombre se descubre y hay cuentas pendientes que se puedan ajustar con nocturnidad, para qué decir.

Las revistas de prestigio lo tienen, las que lo tienen, de resultas de una muy consciente y deliberada política de publicaciones de calidad, basada en decisiones tomadas y asumidas por su comité de dirección y sin necesidad de subterfugios, a cara descubierta. Todos conoceremos alguna de esas revistas en las que tiene buen mérito publicar. Y también sabemos de otras, muchas, plagadas de comités, juntas, revisores, asesores y evaluadores con antifaz, en las que se aplica el más esmerado sectarismo académico o en las que se cuelan los más horrendos artículos, pese a tanto cinturón de académica castidad.

Pero, a día de hoy, en estas materias las evaluación va al peso. A tanto por artículo, sea de Agamenón, de su porquero, o de ambos, por orden de firma. Si acaso, a tanto por artículo de hasta diez páginas, a tanto entre diez y veinte y un poco más si las veinte se rebasan en tres o en treinta. Ni siquiera la báscula suele ser muy precisa.

Cabría que quien evalúa leyera esos artículos, pero no está previsto. No se le impide propiamente, pero no se le envía más que, si acaso lo demanda, fotocopia de la página inicial y la final, que son las que importan para contar las que son. Cierto que a veces podría procurarse las otras por su cuenta, pero tampoco se le paga para tamaño esfuerzo.

- Estancias de investigación, en particular en centros extranjeros. También es de suponer que en las ciencias con tradición más exigente resulte determinante el prestigio del centro investigador en el que el candidato haya sido recibido durante un periodo más o menos largo. En las nuestras no suelen estar bien marcadas esas jerarquías, aunque los nombres de algunas universidades anglosajonas presten un suplemento de prestigio. Pero, trátese de Oxford o de Oporto, lo esperable sería que en el cómputo de méritos se atendiera antes que nada a los resultados del la estancia, no al mero haber ido allá y presentar una certificación de que allá se estuvo. Y cuando decimos resultados, no nos referimos al número de semanas o de meses de permanencia en el sitio, sino a la expresión de la investigación cumplida. Sin embargo, si ese tiempo y tal dedicación han dado pie a tres artículos, por ejemplo, ya contarán esos méritos en el apartado de publicaciones. ¿Qué suplemento digno de ser tomado en cuenta añade el lugar al objeto, puesto que el lugar, y el tiempo, en su caso, computan como mérito en sí? ¿Por qué un excelente artículo de revista pergeñado en la universidad propia se cuenta nada más que como otro artículo y, en cambio, un artículo del montón preparado en París o Roma vale como un artículo más, igual que el otro, y, además, puntúa también en el apartado de estancias de investigación?

b) Méritos a mayor abundamiento que acaban resultando esenciales.

Cualquiera que tenga o haya tenido niños sabe que, cuando son bien pequeños y se les hace un regalo, es mejor no envolverlo en papel muy llamativo, pues el pequeño acaba jugando con el envoltorio, feliz, y despreciando aquel sofisticado juguete de última generación que nos costó, entera, la paga extraordinaria. En la universidad hemos retrocedido a esa fase primaria del desarrollo humano. Cuanto más se descuida y menos se aprecia el trabajo que propiamente nos justifica, la docencia de calidad mostrada mediante sus resultados y la investigación de alto nivel, más relevancia se concede a la gestión, exposición y exhibición de la docencia y la investigación. En la docencia los métodos están suplantando a los contenidos. Enseñe bonito y muy moderno, audiovisual y en red, aunque no enseñe gran cosa. Recuérdese que en muchas evaluaciones del profesorado existe un apartado referido a “materiales docentes en red” y cosas por el estilo. Ni que decir tiene que el evaluador no accede a lo que en la red se ha enredado, sino que habrá de limitarse a dar los puntos pertinentes si algo se ha puesto en el ciberespacio o en el correspondiente servidor, o a negarlos porque no se ha enseñado a distancia, aunque sea excelentísima la enseñanza en presencia.

Y para qué hablar de la gestión. En cualquier universidad son ya más los gestores de la investigación que los investigadores propiamente dichos o que merezcan el nombre. A medida que la burocracia y las labores de gestión quitan el tiempo para investigar y que, en consecuencia, los resultados se adelgazan, la investigación se gestiona, se exhibe y hasta se transfiere con auténtico alarde: ferias de investigación, jornadas, congresos, certámenes, concursos para jóvenes investigadores y para universitarios de la tercera edad, semilleros, incubadoras, empresas y empresarios que asisten a la hora de los canapés y se informan sobre cómo lleva su carrera aquel sobrino… El envoltorio. Ya que hemos dicho empresas, quedémonos con el ejemplo. Con lo que cada universidad gasta al año en institutos, centros, fundaciones y eventos que llevan el apellido “Universidad-Empresa”, se mantendrían varias empresas de verdad; con los fondos que cada curso se emplean para subvencionar seminarios y congresos sobre técnicas y métodos de diálogo con las empresas, sobre como patentar patentes o sobre “coaching” académico-empresarial termodinámico, se mantendría algún buen laboratorio apto para patentar ciertamente un día alguna cosa. Por cada metodólogo de la investigación que se alimenta, se suprimen un par de plazas de investigador real. Por cada sesión de cursos sobre metodología docente que se organiza hay tres becarios de investigación que, cumplida su beca y acabada su tesis, se marchan a otro país porque aquí ya no hay sitio para investigar, sólo para gestionar la investigación y disertar sobre sus variados métodos. Con lo que cuestan los cursos de actualización pedagógica para el profesorado con ocasión del sistema de Bolonia, se podría evitar la reducción de plantillas profesorales que se está aplicando mientras se instalan los nuevos planes, pues resulta que, ahora que nos han enseñado las técnicas del trabajo en grupo, los grupos se nos han vuelto multitudes, y ahora que vamos dominando la tutoría personalizada, tenemos que tutelar muy personalmente a cincuenta estudiantes cada tarde. Ah, y no olvidemos que también computa, a efectos de evaluación del profesorado, la asistencia a tales eventos de formación docente e investigadora. Como si nos adiestraran para la talla en madera cuando se hubieran acabado los bosques.

Es el culto al envoltorio, el vicio del celofán. Importa la gestión por la gestión, buena o mala, eleve una universidad, un departamento o una facultad o los hunda, pues tampoco aquí -aquí menos aún, si cabe- se toman en consideración los resultados del gestor: importa haberlo sido y descuenta no haber gastado tiempo en eso por dedicarlo “egoístamente” a enseñar e investigar, nada más. Con los efectos perversos esperables, ya que se ha desatado la lucha por el cargo, cómo no. En estos tiempos de recortes, mientras las plantillas menguan y los dineros para medios de todo tipo se recortan, aumentan los cargos de gestión y, con ello, los costes de gestión. Es arriesgado presentar ante la agencia evaluadora un expediente en el que no conste que se ha sido secretario de alguna cosa o vicedecano de algo, como mínimo. Urge que se elaboren estadísticas para mostrar qué porcentaje del profesorado funcionario carece a día de hoy de cargo universitario de gestión. Sin la más mínima duda, no serán ni la cuarta parte los profesores que no tengan alguno, al menos en las universidades de tamaño pequeño y mediano. Paradójicamente, se trata de gestionar aquellas actividades que ya no se pueden desarrollar (desenvolver), por falta de tiempo y de medios, tiempo y medios que se lleva la gestión, precisamente. Va quedando nada más que el envoltorio, el seductor papel de colorines, el folleto, los muñequitos.

c) Autoevaluación y heteroevaluación, las dos viciadas.

Precisemos la tesis de fondo que intentamos ilustrar. En sí, ninguno de los apartados que suelen aparecer en los actuales sistemas de evaluación del profesorado por agencias es necesariamente inadecuado. Podrá y deberá discutirse el valor que a cada apartado se asigna, pero nada obsta a que se tomen en positiva consideración, además de la investigación y la docencia, la gestión, la dirección de tesis doctorales, la presentación de comunicaciones y ponencias congresuales, la organización de eventos, las estancias en centros investigadores, etc. El problema, muy grave, se desencadena y engorda cuando la evaluación de esas actividades se desvincula del control efectivo de la calidad de sus resultados, tal como indiscutiblemente está ocurriendo. Porque en cuanto el profesorado pendiente de futura evaluación es consciente de tal circunstancia, se convence de que el currículum más apto para la evaluación es completamente distinto de un buen currículum o un currículum de calidad constatada y contrastada, reorganiza su actividad para el objetivo personal de la promoción y se desentiende de cualquier otro criterio cualitativo o institucional. Y si, como también sucede, quienes evalúan no disponen de los medios ni el incentivo para restaurar y hacer valer ese punto de vista de la calidad objetiva, de los resultados cualitativos, y del interés institucional, el círculo se cierra irremisiblemente. Por eso hemos señalado ya que resulta de todo punto imperativo reformar el sistema para reacomodarlo al interés general y para, en consecuencia, recuperar el papel y la función que dan sentido a las universidades.

d) De aquí a diez años todos catedráticos y casi todos sin cátedra.

Las primeras hornadas de candidatos a la acreditación para profesores titulares y catedráticos presentaron sus currículos tal y como los tenían. El veredicto habrá hecho justicia a muchos e injusticia a más de cuatro, unas veces por defecto y otras también por exceso. Pero no es eso lo que en este instante estamos juzgando, sino el sistema en sí y en su funcionamiento presente y previsible. Muchos de los que tuvieron resultado negativo recibieron una motivación en la que con suma frecuencia se les hacía saber que les habían faltado puntos decisivos por causas tales como no haber dirigido tesis doctorales, no haber figurado como investigadores principales de proyectos competitivos financiados, no tener experiencia de gestión, no haber realizado estancias de investigación en el extranjero o no haber recibido cursos suficientes de actualización pedagógica. Todo eso se arregla fácil. La próxima vez no habrá fracaso.

Esos mismos y cuantos vinieron y vienen detrás habrán aprendido una doble lección y no volverán a incurrir en los mismos fallos. Por una parte, acumularán direcciones de tesis, buenas o malas, acudirán a cursillos con pedagogos, buenos o malos, rogarán cargos aunque ningún interés o vocación tengan para gestión alguna, pedirán proyecto tras proyecto hasta que alguno sea bendecido y dedicarán unos pocos trimestres a recorrer tentadores lugares donde se emitan certificados de que estuvieron allí investigando, sea verdad o no que investigar fue lo que hicieron. Por otra, segunda lección, habrán comprobado que jamás, o casi nunca, se deniega a un candidato su acreditación con el argumento que son de baja calidad o incluso lamentabilísimas sus publicaciones. Lo cual, por otro lado, habría que fundamentar con mucho rigor y no bastaría afirmarlo a humo de pajas. Pues bien, sabido es que los evaluadores no leen esas publicaciones, ni las hojean normalmente, puesto que nadie se lo pide y supondría un trabajo cansado y, ciertamente, no pagado. Con esos dos datos, cualquier aspirante a acreditación puede, a unos pocos años vista, planear y rellenar un currículum a la medida de su conveniencia y de los muy objetivos criterios de la ANECA. Ya habrá ahí de todo, y al bulto impresionará ese expediente personal. Lo que esté debajo del envoltorio sabemos que no importa. Se evalúa nada más que el paquete; su tamaño, no el rendimiento.

El efecto consiguiente será que, si el sistema no se modifica de modo radical, pasando a uno de evaluación de la calidad de los resultados, de aquí a diez años en todas las universidades el número de catedráticos rebasará con mucho al del resto de las figuras profesorales y, por lo mismo, todo profesor contratado logrará su acreditación para titular en un plazo no muy superior a un lustro desde el inicio de su contrato.

Dado que las plantillas están ya muy descompensadas, que la crisis económica no amainará en una buena temporada y que las bolsas de acreditados (especialmente para cátedras) presionarán a rectores que necesitan cada tanto el respaldo de las urnas, la situación esperable tendrá mucho, seguramente, de lo que los físicos llaman entropía. O las universidades se convertirán en agujeros negros que devorarán todo resto de trabajo docente e investigador bien hecho. Antes, todo el mundo compondrá currículos absurdos para acreditarse; después, cada cátedra en particular se disputará, de puertas adentro de cada universidad, con un voto entre los dientes. No ganará quien más calidad guarde, pues ni el sistema de acreditación ni la regulación de los concursos en cada institución están pensados para que la calidad se imponga. El primero ha quedado a merced de los pícaros y el segundo lo manejarán, cada vez más, los grupúsculos internos, las familias políticas y las escuelas con influencia “transversal”.

En resumen, que el futuro esperable es el de que unos, los más jóvenes, anden buscando cargos y encomiendas diversas para poder acreditarse, y que los otros, los ya acreditados, persigan también los cargos, pero para sentarse a la diestra de rector y atar su promoción propia o la de la familia. La investigación real y la preocupación por la formación de los estudiantes habrán hecho definitivo mutis por el foro; o, mejor dicho, quedarán de cuenta de nuevas oficinas, áreas, departamentos, institutos y direcciones que las gestionen con maneras de pescadilla: mordiéndose la propia cola.

[1] El presente nos brinda ejemplos de claridad palmaria. En los concursos de las universidades para otorgar plaza entre profesores acreditados, el interés indudable de cada universidad es siempre y sin duda que venza su candidato propio, el local. Que ese interés de esta o aquella universidad sea “comprensible” en términos de sus políticas de personal, de plantilla o, incluso, electorales, no quita para que bajo el punto de vista del interés universitario en sí se trate de un desastre sin paliativos. La autonomía.

Sin comentarios. Por Miguel Díaz y García Conlledo*

2011-05-08T19:09:00.002+02:00

Esta vez sí seré breve. Escribo estas líneas el 8 de marzo de 2011, en una Facultad de Derecho semivacía, como toda la Universidad de León. ¿Por qué? Porque en ella no son lectivos los días 7, 8 y 9 (¡tres días, tres!), con motivo del Carnaval. Más días que los colegios e institutos. Hace años, un grupo de personas intentamos oponernos a la medida (no somos radicales: hablamos de que, al menos, se redujera la fiesta a un día) en Consejo de Gobierno, cuando se aprobaba el calendario académico; creo recordar que lo hicimos durante dos o tres años. Perdimos, siempre perdimos, por goleada. No escuché más argumento que algún tímido “si lo quitamos, la gente se va a cabrear”. Después, no soy consciente de que nadie haya vuelto a plantear el tema.

En mi facultad (aunque seguramente las cosas cambiarán con el nuevo sistema de grado), se consolidó una práctica curiosa: no hay (o sólo excepcionalmente hay) clase los viernes. Es más, cuando al fijar horarios se plantea algo el viernes, hay malas caras y sustos generalizados (no sólo de estudiantes).

En alguna facultad o titulación de la Universidad Complutense, estando previsto (como en tantas otras en toda España) un parón (de bastantes días) de la actividad docente para realizar exámenes entre el primer y el segundo cuatrimestre, resulta que los exámenes se hacen antes de esos días y estos se convierten en unas plácidas vacaciones.

Se me ocurren diversas reflexiones sobre todo lo anterior (relacionadas unas con lo flojos que deben de ser los jóvenes de ahora para aguantar las juergas –o más bien, con la idea que tenemos al respecto-, otras con la comodidad e irresponsabilidad nuestra, de los profesores, otras con la imagen que transmitimos al “exterior”, otras…). Pero dije que iba a ser breve y, además, quiero respetar el título: ¡sin comentarios!

* Catedrático de Derecho Penal de la Universida de León.

Universidad sostenible según legislador ridículo. Por Consuelo Cardenal Mendoza*

2011-05-08T18:55:00.003+02:00

La legislación actual ha perdido la vergüenza. Está hecha por tontainas para tontainas. Nos toman por lelos a nosotros. Tal vez por eso ya casi nadie repara en esa diarrea legislativa que mancha las gacetas oficiales. Por ejemplo, usted, amigo lector, ¿sabía que en esa ley tan mona que se titula de Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible) hay cuatro artículos dedicados a la universidad? Si, cuatro artículos que ocupan tres páginas. La Ley de Economía Sostenible es un nuevo homenaje a la legislación insostenible. Aquí el que no se sostiene es porque no quiere. Hoy en día, si no eres sostenible no existes. Igual pasa con la universidad. Su insostenible situación se va arreglar desde la Ley de Economía Sostenible. Y yo con estos pelos de loca.

¿De verdad que no ha leído usted esos articulejos? Pues se pierde algo bueno, realmente divertido. Se ríe una con ganas; de momento, luego dan ganas de llorar. También apetecería conocer a los redactores, tan ideales de la vida, tan correctitos y culiapretados, tan en su sitio y su cargo, sostenibles, flotantes, etéreos, dominadores de la prosa farisaica y expertos en el alargamiento de párrafo y el estiramiento de boletín.

No dejen de repasar esas normas modernísimas, por favor. No se arrepentirán. Pero antes de que las lean de corrido, déjenme que los invite a unos juegos.

Hoy en día en la legislación se llevan mucho las enumeraciones. Enumerar a tontas y a locas es lo que más viste. Y los fines. Los fines vienen esta temporada entallados y largos. Hay que proponerse muchos fines, objetivos a tutiplén, propósitos para dar y tomar. Sobre todo para tomar. A fin de demostrar que estos ridiartículos de la Sostenible Total no son más que enumeraciones al buen tuntún, les propongo el siguiente experimento, para empezar. El artículo 60 se titula “Objetivos en materia universitaria”, y recoge siete. Con ayuda de unos traguitos de absenta voy a añadirle yo otros siete y los entremezclaré con los que vienen en la Ley. ¿Es usted capaz, apreciado lector, de diferenciar los siete auténticos de los siete espurios, los que legislador pone en serio (aunque no lo parezca) de los que una servidora coloca para que se vea que todo es una perfecta chufla? Allá vamos.

Art. 60. Objetivos en materia universitaria.

Con el fin de contribuir a los objetivos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, el sistema universitario atenderá a la consecución de los siguientes objetivos:

1. Facilitar, a través de la formación, la adquisición de las cualificaciones demandadas por el sistema productivo y el sector público y la adaptabilidad ante los cambios económicos y sociales y, en general, la capacidad para afrontar los desafíos a largo plazo.

2. Impulsar la comunicación con la sociedad y su entramado civil y asociativo, a través de publicaciones divulgativas de los órganos de las universidades y de sus respectivas competencias, así como mediante la organización periódica de eventos tales como jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, talleres y exposiciones, conferencias y ciclos.

3. Promover la calidad, la competitividad e internacionalización de las universidades mediante la especialización formativa investigadora, la modernización de sus infraestructuras y la mejora en la eficiencia en su gestión, con un compromiso reforzado con el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación.

4. Integrar la sostenibilidad medioambiental en programas de capitalización académica orientados a la reversión de la degradación del ecosistema, mediante políticas de diseño curricular no agresivas con el entorno y atentas a la recomposición sistémica de las tasas de reposición.

5. Promover la adaptación de las estructuras universitarias a la actual cultura de la imagen y la comunicación, renovar las bases tecnológicas de la enseñanza y reorientar las sinergias entre investigación y sociedad del conocimiento.

6. Impulsar la productividad científica, la transferencia de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación, en todas las ramas del saber.

7. Construir un ambiente laboral exento de discriminaciones, acosos y presiones indebidas e incompatibles con los derechos fundamentales del personal universitario, tanto del que enseña como del que se forma y adquiere competencias, mediante el impulso de órganos de control de composición paritaria con procedimientos revisables

8 Facilitar la gobernanza universitaria impulsando medidas que garanticen el ejercicio de las funciones de gobierno y dirección; la revisión de los procedimientos internos de dirección y gestión, y la implementación de buenas prácticas, conforme a los criterios internacionalmente reconocidos de calidad y eficiencia en la gestión.

9 Incrementar la transparencia, el control interno de sus finanzas y el equilibrio presupuestario, así como la evaluación externa de sus actividades.

10. Intensificar la cooperación al desarrollo de las universidades y centros de investigación mediante iniciativas coordinadas que maximicen los rendimientos del auxilio y la capacitación que se emprendan con nacionales de países en vías de desarrollo, sea en tales países, sea en instituciones académicas de nuestro Estado.

11. Redimensionar en las aulas universitarias, así como en los laboratorios, bibliotecas y demás instalaciones donde el personal académico y los estudiantes lleven a cabo su labor de transmisión y asimilación de conocimientos, el adecuado equilibrio entre inteligencia teórica e inteligencia emocional, del mismo modo que se deberá impulsar el cultivo de la dimensión lúdica y gratificante de la taea docente y la discente.

12. Fomentar la captación de talento, la movilidad internacional y la colaboración con universidades y centros de investigación de referencia mundial.

13. Procurar la inserción equilibrada de las universidades en su medio humano, geográfico, económico, histórico y cultural, impulsando la dedicación a estudios e investigaciones volcados sobre dicho medio y la receptividad de las estructuras docentes e investigadoras frente a los inputs provenientes de ese entorno.

14. Impulsar medidas de atracción de capital privado nacional e internacional para contribuir a la financiación de los objetivos de la universidad, especialmente a la investigación, transferencia del conocimiento y a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica.

Para ello, las universidades atenderán a un esfuerzo de modernización, mejora de la eficiencia y búsqueda de la calidad y de la excelencia académica.

¿Ya lo ha pensado? ¿Ya sabe cuáles son los siete originarios y cuáles los añadidos de guasa? Apuesto a que no los acierta todos. Compruébelo usted mismo. La solución está al final de este escrito.

Pasemos al segundo acertijo. El artículo 61 de la Ley lleva el rótulo de “Formación universitaria y economía sostenible”. Empieza diciendo que “Para garantizar su aportación a la economía sostenible, la formación universitaria debe responder a los siguientes principios”. Y enuncia esos principios. Trate el lector de adivinar cuál o cuáles de estos tres que a continuación transcribo son de cosecha del legislador y cuáles son puro invento de esta que les habla. También cabe que estén así en la ley los tres, tal cual, o que no esté ninguno. Ahí van:

“Para garantizar su aportación a la economía sostenible, la formación universitaria debe responder a los siguientes principios:

a) La incorporación en sus planes de estudio de habilidades y destrezas orientadas a la innovación, el fomento de la creatividad, el emprendimiento y espíritu empresarial, integradas en materias, conceptos, competencias transversales, métodos de aprendizaje y de examen, y en todos los niveles de la educación, singularmente el doctorado. Estos planes de estudios han de establecerse en cooperación con los centros de investigación, la industria y otras instituciones y agentes, según proceda.

b) La propuesta de nuevos títulos y ofertas educativas que preparen a los estudiantes para las nuevas cualificaciones que demandan los nuevos empleos, de manera que mejoraran la empleabilidad de los ciudadanos en el mercado laboral, así como modernizar y adaptar sus enseñanzas a la producción de productos, servicios, planteamientos y métodos innovadores en la economía y la sociedad en sentido más amplio”.

c) La promoción de la adaptabilidad ante los cambios económicos y sociales dando oportunidades completas de formación continua y de extensión universitaria, especialmente las posibilidades de incrementar la movilidad en el aprendizaje en España y en Europa, así como la incorporación efectiva de los titulados universitarios, incluidos los docentes, en el mercado laboral, reforzando las conexiones entre universidad y empresa, con especial atención al fomento de capacidades para la iniciativa empresarial y el autoempleo.

¿Lo han meditado bien? Pues anoten la solución y contrástenla más tarde con la que al final les revelamos.

También es muy divertido el juego de las palabritas. Cuando hablamos de la legislación actual, palabritas son aquellas palabras que quedan monísimas en cualquier ley y que el legislador repite una y mil veces como si fuera tonto de baba y porque se ve ideal de la muerte al decirlas todo el rato. Un buen ejemplo es “sostenible”. No hay pijo o niñata que no le ponga hoy el apellido sostenible a cualquier cosa: me voy a la pelu a ponerme un moño sostenible, hoy tomaré una cena sostenible para que no se me haga insostenible la digestión nocturna, tenemos que llegar a un acuerdo sostenible sobre el colegio del niño. Puaj.

En este apartado de la Ley de Economía Sostenible dedicado a la universidad sostenible también hay muchas palabritas. Juguemos a adivinar cuánto sale cada una. Recuerden, artículos 60 a 64.

- “Empresa” y “empresarial”. ¿Cuántas veces aparecen esos dos términos? Subraye la respuesta que le parece más probable: cinco; siete; ocho; trece.

- “Innovación” o “innovador”. Dos; siete; doce; quince.

- “Calidad”. Tres; cinco; siete.

- “Agregación”. Dos; cuatro; seis. ¿Qué diablos son las agregaciones?

- “Economía”, “económico/a” + “productivo/a” + “eficiencia”/”eficiente” + “competitividad”/”competitivo” + “mercado”: diez, quince, veinte, veinticinco.

También se pasa un buen rato, antes de pegarse un tiro, localizando palabros inverosímiles. En estos cuatro arti-culos hay algunos, como “visibilidad internacional” (art. 62.1 b), “priorizar” (art. 62.2) o “valorización” (art. 64.2.c).

Otros términos que quedan chulísimos y aparecen bastante son “excelencia”, “entorno”, “estratégico”, “transferencia”, “empleabilidad”, “movilidad”, “gobernanza”, “accesibilidad”, “valores”, “género”, “medioambiental”, “ecosistema”, “periurbano”, “conciliar” (pero de conciliación, no de concilio), “creatividad”, “penetración” (¡?), “global”, “emprendedor/a”, “concurrencia”, “modernización”, “adaptabilidad”, “implementación”, “transversal”, “cooperación”, “agentes”, “actores”, “compromiso”...

Deberíamos registrar un juego con el que podríamos forrarnos. Podría llamarse “Legislator”. Es muy sencillo. Los jugadores se disponen en semicírculo, cual cámara parlamentaria, y cada uno va tomando una ficha en la que figura alguna de esas palabras: “transversal”, “calidad”, “sostenible”, “innovación”, “productivo”, “mercado”, “visibilidad”, etc. Cuando todos tengan veinte de tales fichas y palabrejas, gana el primero que con ellas componga una ley entera y que parezca de verdad, como esta Ley de Economía Sostenible. A lo mejor la hicieron así, jugando. Sería una explicación, al menos.

Bueno, aquí les pongo el enlace para que puedan leer entero el Sostenible Engendro o, al menos, los preceptos que salpican a la universidad.

Y les doy las SOLUCIONES de nuestros juegos, claro.

Juego primero, sobre el artículo 60. Son de pega los puntos 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13. Los otros siete son auténticos y están así en la Ley, aunque cueste creerlo.

Segundo juego, sobre el art. 61. Pues aparecen así en la Ley esos tres puntos, tal cual. No les he quitado ni añadido ni una coma. Así que la broma no es mía.

Tercer juego, el del número de veces que aparecen las palabras en cuestión. La solución correcta es siempre la cifra más alta. Por ejemplo, “empresa” aparece trece veces en esos cuatro artículos sobre el sostén de la universidad sostenible.

* Investigadora del CHIC.

Índice del nº 25 de FANECA

2011-03-20T19:07:00.002+01:00

- Sobre el Manifiesto contra el borrador de Estatuto del PDI.
- Una experiencia con el plan Bolonia (primer curso de Derecho Romano en la Universidad de León). Por César Rascón García-
- La universidad en Finlandia (II). Por Fernando Losada.
- Para qué las becas (no de estudios) en la universidad. Por Miguel Díaz y García Conlledo.